En un informe sobre la violencia policial en Argentina, Amnistía Internacional alerta por la “falta de control, monitoreo e investigación” en el accionar de las fuerzas de seguridad en el país, y entre las conclusiones sostiene que se ha demostrado “una profunda incapacidad para investigar eficazmente la actuación ilegítima” de esas instituciones.
El reporte, titulado "Violencia policial: ¿qué pasa después?", profundiza sobre los casos de Tehuel De la Torre, Facundo Astudillo Castro, Mauro Coronel, Blas Correas y Daiana Abregú como algunos de las víctimas de violencia institucional; pero también casos como el de Santiago Maldonado, Luciano Arruga y Josué Lagos, entre muchos otros ocurridos en distintas partes del país.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó la recepción de 1079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante el año 2021, de las cuales 53 involucran la muerte de personas.
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No obstante, Amnistía aclara que este número solo se refiere a las denuncias recibidas por este organismo y no es representativo del contexto nacional. La Comisión Provincial por la Memoria, en tanto, informó al menos 90 casos de muertes por uso de la fuerza policial durante el año 2022.
Según datos relevados por la sociedad civil, en 2022 cada 20 horas una persona falleció víctima de la violencia policial en Argentina. “Ante casos de muertes potencialmente ilícitas, que incluyen desaparición, torturas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros, es fundamental la determinación del hecho para, de este modo, tomar medidas inmediatas como ser la separación de la fuerza de seguridad involucrada en la investigación para evitar presiones, intromisiones, retención o destrucción de evidencias y/o manipulación de la escena”, señala el informe.
En ese sentido, Amnistía remarca además que las investigaciones tienen una finalidad que “va más allá de la determinación de la responsabilidad penal individual en un caso concreto”. “También deben servir para verificar si hay alguna medida razonable que no se adoptó y que podría haber conducido a la posibilidad real de prevenir la muerte, así como determinar las políticas y los fallos sistémicos que pueden haber contribuido a la muerte”, por lo que se debe buscar no sólo la verdad en el caso concreto, sino también la contribución al esclarecimiento de problemas sistémicos que podrían revelarse a partir de las investigaciones.
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El organismo pone de manifiesto que diversos órganos internacionales de derechos humanos “han llamado la atención de Argentina por la deficiente calificación e investigación de hechos que realizan los operadores judiciales cuando existen elementos para sospechar que hubo torturas”. En esa línea, pone de ejemplo que el Comité contra la Tortura expresó en reiteradas oportunidades su preocupación por “las deficientes investigaciones judiciales, que no logran sustentar la versión de las víctimas, el apego de los funcionarios judiciales a la versión oficial que aporta el personal policial penitenciario y la errónea calificación de los hechos en figuras delictivas más benignas”.
El Comité de Derechos Humanos expresó también su preocupación al Estado argentino por “la práctica judicial en materia de calificación de los hechos, asimilando frecuentemente el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, tales como apremios ilegales, sancionados con penas inferiores”, e indicó al Estado que la calificación judicial de los hechos “debe tener en cuenta la gravedad de los mismos y los estándares internacionales en la materia”.
Argentina y la “profunda incapacidad para investigar eficazmente” el accionar de las fuerzas de seguridad
“Argentina ha demostrado una profunda incapacidad para investigar eficazmente la actuación ilegítima de las fuerzas de seguridad. Además, la violencia de las fuerzas de seguridad es también racista y discriminatoria, ya que sus víctimas suelen pertenecer a los sectores en situación de vulnerabilidad y más marginalizados de la población, y cuyas posibilidades de acceder a la justicia son remotas; ello requiere una reflexión profunda y rigurosa sobre los orígenes de la violencia y los mecanismos para combatirla”, detalla el informe.
En el escrito también cuestionaron la incapacidad estatal “a nivel tanto nacional como provincial, para desarrollar estadísticas unificadas, sistemáticas y fiables sobre la violencia policial”.
En este contexto, el involucramiento de todos los niveles del Estado, dice el organismo, “es un paso fundamental para avanzar en prácticas de las fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos humanos” para lo que es fundamental garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas que incluyan investigaciones y sanciones eficaces.
En esta tarea expresan que los organismos nacionales como el Consejo Federal de Seguridad “deben cumplir un rol central a la hora de implementar acciones urgentes y coordinadas entre el gobierno nacional y las jurisdicciones de todo el país”; al igual que A la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
“La repetición inadmisible de la violencia policial debe traducirse de una vez por todas en un compromiso cierto de todas las jurisdicciones y en un esfuerzo coordinado entre los tres poderes del Estado para erradicar de manera definitiva con la violencia y represión en el desempeño de las funciones de seguridad”, expresa Amnistía.
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