Violenta represión en Mendoza deja al menos 75 heridos

Un violento desalojo de trabajadores de una empacadora de ajos, que cortaban ayer una ruta en reclamo de regularización laboral en Mendoza, llevó al gremio de Trabajadores de Frutas y Hortalizas a reclamar el juicio político de la fiscal que ordenó la represión y anunció un paro previsto el lunes.

El secretario general del gremio, Lucio Quilpatay, anunció hoy las dos medidas y advirtió que los trabajadores fueron tratados como si fueran parte de Sendero Luminoso, en referencia al grupo guerrillero peruano.

Los trabajadores cortaron ayer el tránsito sobre la ruta 50, en el ingreso a la empresa Campo Grande, para reclamar la regularización de empleados, tras lo cual la fiscal Liliana Ginner ordenó a la policía que efectúe el desalojo, que se concretó en forma violenta y dejó  cerca de 75 heridos y siete detenidos.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial informaron hoy que los siete detenidos recuperaron su libertad esta mañana y que había "quince policías lesionados", aunque dijeron no tener datos sobre la cantidad de manifestantes heridos.

Sin embargo, el senador provincial Miguel Serralta, quien hoy recibió a dirigentes sindicales y manifestantes, dijo que hubo "al menos sesenta personas heridas por cortes, golpes y balas de goma", lo que hace que el número de heridos ascienda a unos 75.

Serralta relató que ayer por la tarde estuvo presente en la puerta de la empresa cuando la policía reprimió a los trabajadores y observó que "unos 120 efectivos arrojaban gas pimienta, balas de goma, piedras y hasta bicicletas a los manifestantes".

"Son casi 60 los lesionados, entre los que se cuentan hombres y mujeres. Lo peor del caso es que en la manifestación también había niños, que por suerte no fueron lastimados", acotó.

En tanto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado provincial dispuso hoy citar para la semana próxima a la fiscal Ginner y a funcionarios del área de seguridad para que expliquen a la Legislatura las razones por las cuales se ordenó la represión.

Los senadores acordaron pedir respuestas a los funcionarios tras una reunión que mantuvieron esta mañana con trabajadores de la empresa que protagonizaron la protesta.

Trabajadores con el torso desnudo y con videos en la mano mostraron a los legisladores sus lesiones y adelantaron un paro general del sector para el lunes.

Quilpatay repudió la represión y dijo: "Nos trataron como si fuéramos Sendero Luminoso. Ni en las peores épocas se ha visto tamaña represión a un grupo de trabajadores que lo único que quieren es que se nos respete como tales".

Además, señaló que los empleados de varias empresas adhirieron a la medida de fuerza del lunes, que cuenta con el apoyo de dirigentes de la CTA, ATE y la CGT.

"Vamos a marchar a la Subsecretaría de Trabajo, a Casa de Gobierno y a los lugares donde sea necesario para que de una vez por todas esto se termine", manifestó el dirigente, y aseguró que pedirán el jury a la fiscal Ginner porque lo vivido ayer "fue vergonzoso".

"Ni en los momentos más duros de lucha se ha visto esto. Ni que fuéramos un grupo terrorista", resaltó, y agregó que ahora en lugar de dejar de reclamar "nos han dado fuerza, nos han alimentado más".

Los empleados de Campo Grande realizaron la protesta para reclamar mejores condiciones laborales, modificar el régimen de contratación y regularizar a trabajadores que se desempeñan a través de cooperativas, entre otros aspectos.

Por su parte, Juan Chiapinotto, dirigente de la Cámara de Exportadores de Ajo, explicó que "hay quienes interpretan que este tipo de trabajo por parte de las cooperativas es legal, hay una ley que rige estos casos".

Pero, aclaró, "los trabajadores y sindicatos entienden que esto no es lo adecuado y lo denominan fraude laboral".

"Esto viene hace alrededor de diez años y las cooperativas no sólo trabajan en el tema del ajo, hay miles de cooperativas en el país y están funcionando", remarcó.

Chiapinotto repudió la represión policial porque, dijo, sus "consecuencias son lamentables y de acá en adelante las tenemos que evitar".

"Si las cooperativas de trabajo son ilegales, cuando lo diga el juez se terminará el problema, y si son legales funcionarán conforme a la ley", añadió.

Fuente: DyN