Una denuncia anónima dio la voz de alarma en julio del año pasado: un grupo de la Policía Bonaerense se encargaba de liberar zonas a narcos y otros delitos en villas de San Martín, entre ellas, la 9 de Julio, Loyola y la Cárcova. Las intervenciones telefónicas también revelaron que los efectivos llegaron a vender droga a una banda. El informante dio nombres y aseguró que la cadena de recaudación llegaba a lo más alto de la fuerza que era comandada por el ex jefe Pablo Bressi.
La llamada fue realizada a diferentes departamentos judiciales, incluso al Ministerio de Seguridad, por esa razón la información no logró ser del todo confidencial y no hizo fácil el trabajo del fiscal federal Paul Starc, quien encargó la investigación a la nueva Policía Federal, bajo el mando de Néstor Roncaglia.
Muchos de los mencionados habían cambiado o dado de baja sus números de celular. Otros se mostraron más cautelosos. Sin embargo, tras diez meses de investigación los detectives consiguieron las pruebas para solicitar a la jueza Alicia Vence allanamientos en ocho dependencias policiales y los 11 domicilios particulares de los efectivos de la Bonaerense involucrados en las maniobras.
Se trata del encargado del depósito judicial de Pilar, el subcomisario Alejandro Díaz; Walter Medina, Javier Abate, Mauricio González, quienes prestaban servicio en Villa Astolfi; Fabio Crouch, de la planta verificadora de San Miguel; Isidro Gómez de la Departamental de San Martín; Segio Baricalla, de Pilar 7º, Jorge Prade del Comando de Patrullas Pilar; Daniel Ribas de la brigada de Tres de Febrero; y Jorge Luis Santolíquido y Vicente Raúl “Tano” Napoli de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora. El fiscal Starc había pedido la detención de todos, pero la jueza se negó.
“Está lo tuyo, pasa”, le avisaban por celular a Díaz, al menos una vez por mes. Fuentes del caso indicaron a PERFIL que se trataría del pago de una coima. Además, según relataron las fuentes, el jefe del depósito judicial de autos se manejaba como el dueño de un comercio de autopartes. “Va a ir un pibe. Tiene que pagar 3.500. 2.500 para mí y 1.000 son para vos”, le habría indicado a un agente de menor jerarquía sobre una persona que había “comprado” un repuesto de un auto en guardia judicial.
Otros diálogos comprometen a Santolíquido y Napoli. “Hay que caerle”, dicen sobre un narco que trasladaba, según se desprende de la escucha, 50 kilos de marihuana. Pese a que contaban con la información, no notificaron a ningún agente judicial.
“(Santolíquido) me está mejicaneando”, descarga indignado Napoli a raíz del secuestro de 500 kilos de marihuana. “No me quieren ahí porque no quieren que me entere de la realidad”. “La realidad” a la que se estaría refiriendo el Tano es que la incautación fue mayor y que su compañero la ocultó para no darle su parte. A uno de ellos le encontraron, durante los allanamientos, 1.800 dólares en una funda de una cámara de fotos.
Crouch, por su lado, estaría vinculado al cobro de sobreprecios y duplicación del “formulario 12” y otras maniobras que se repetirían en otras plantas verificadoras, un mecanismo de recaudación por el que fue señalado el comisario Mayor Alberto Miranda, quien podría ser excarcelado.
De acuerdo con las fuentes, Gómez está apuntado en el expediente como recaudador del narcotráfico local. Fue el encargado del primer allanamiento –con resultado negativo– en la casa donde hallaron enterrado el cadáver de Araceli Fulles.
Si bien los investigadores del caso esperan encontrar mensajes de WhatsApp que aporten más elementos a la causa, las escuchas son una de las pruebas contra los policías que fueron pasados a disponibilidad.
Un llamado que les apuntó a los altos mandos
La Jefatura Departamental de San Martín, la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Lomas de Zamora, el depósito judicial y el comando patrullas de Pilar, fueron algunos de las dependencias de la policía bonaerense allanadas la semana pasada por la PFA.
Durante el procedimiento se secuestraron celulares, computadoras y agendas personales de los doce imputados. Los investigadores creen que podrán encontrar más elementos que completen el cuadro de una estructura de recaudación de la policía de la Provincia. Si bien no hay pruebas que comprometan a agentes de mayor jerarquía, el anónimo que alertó a als autoridades sobre la trama de corrupción policial, apuntó a Pablo Bressi, el ex jefe, y el comisario mayor Claudio Fuentes, quien fue jefe de la Delegación de Drogas de San Martín y que hoy está al frente de la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas y el Crimen Organizado.
