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POLITICA / ENCUESTA DE IPSOS MORA Y ARAUJO-LIVRA
domingo 6 abril, 2014

Jóvenes y sectores bajos encabezan el aval a la justicia por mano propia

El 63% del total de los consultados justifica las golpizas contra los delincuentes. Un 38% está a favor de la pena de muerte.

por Redacción Perfil

Foto: Marcelo Silvestro

El jueves pasado cuando caía la noche en La Plata, la Policía Bonaerense detuvo a un vehículo que intentó violar un control policial. Luego de una intensa persecución, arrestó a su conductor, un chico de 13 años que habría robado el auto, armado con un revólver calibre 38. A las pocas horas fue liberado por la Justicia.

El episodio, posiblemente conocido por los vecinos y sumado a otros casos de inseguridad, profundizan la ebullición que, de la mano de la complicidad en las fuerzas de seguridad y en sectores de la política, dieron contexto social a los recientes casos de golpizas a delincuentes.

Según un estudio de alcance nacional que encargó PERFIL, el 63% de los consultados avaló la “justicia por mano propia” mientras que sólo el 35% la repudió, de acuerdo a un sondeo de Ipsos Mora y Araujo-Livra, consolidado entre el jueves y el sábado.

Si bien la mayoría –en el plano moral– vio con buenos ojos el ejercicio de la ley por fuera de los caminos institucionales, la opinión está dividida, en particular, sobre los linchamientos. Consultados sobre la posibilidad de que un vecino ataque a un delincuente, el 49% lo consideró “muy o bastante bien”, mientras que el 46% lo calificó de forma negativa.

Sorprenden los resultados de esta aparente “grieta moral” cuando las respuestas se descomponen por edad y sector social en los juicios sobre los linchamiento.

Ocurre que el mayor porcentaje de aceptación, es decir que lo ven “muy bien”, se dio entre los sectores más bajos, con un 26%. Mayor aún que dentro del ABC1, que registró un 20%. Lo mismo ocurrió entre los más jóvenes, de 18 a 29 años, que fueron los que lideraron las calificaciones positivas sobre la posibilidad de que un vecino ataque a un ladrón.

El plan. Dentro del Gobierno hay preocupación por este tipo de episodios, sobre todo, porque en algunos sectores se instala la sensación de que el Estado pierde la batalla frente a la delincuencia, según encuestas que maneja el Gobierno. Incluso algunos funcionarios, en diversas reuniones que mantuvieron esta semana, reconocieron que efectivamente en los últimos años se desgarraron algunos pliegos del tejido social. La causa, para ellos, es que el kirchnerismo recuperó muchos derechos, pero en el camino, se produjeron inevitables distorsiones.

El propio secretario de Seguridad, Sergio Berni, reconoció esta semana que la gente “ha reaccionado con cierto hartazgo” en referencia a los linchamientos. Lo hizo antes de viajar a Lyon (Francia), a una cumbre de Interpol, organismo que en dos meses podría designarlo como representante para las Américas. Berni ya tiene dos secretarios en Francia, una oficina y en dos meses la Asamblea de Interpol podría convocarlo. Lo entusiasma el cargo, pero es difícil que lo dejen ir.

¿A quién culpa entonces la gente por los linchamientos? Según el estudio de Ipsos Mora y Araujo-Livra la mayoría cree que tiene que ver con la falta de Justicia en el país, le sigue el “aumento de la delincuencia en los últimos meses” y en tercer lugar que “los delincuentes son liberados fácilmente y siguen cometiendo crímenes”.  Apenas el 26% piensa que los vecinos que linchen deben ser penados, el 67% se mostró en contra.
A pesar de que los encuestados coincidieron con la opinión “oficial” del Gobierno en señalar a la Justicia como principal responsable de los episodios de los linchamiento, el gobierno nacional prepara una serie de medidas que podría anunciar esta semana vinculadas a la seguridad.

El primero en hacerlo fue el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que tal como anticipó PERFIL ayer, se reunió el viernes en secreto con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, un día antes de decretar la emergencia en seguridad pública provincial. Scioli no es habitué de la Casa Rosada. Para nada. Pero en este caso resultó casi inevitable tejer políticas en conjunto.

Es que dentro del gobierno nacional también buscan dar un golpe de efecto para desinstalar de la opinión pública la idea de la “puerta giratoria” judicial (que justificaría los linchamientos), detenidos que entran, salen y nunca son condenados. “La economía empieza a estabilizarse y el dólar dejó de subir, ahora tenemos que hacer foco en la inseguridad”, confirma un alto funcionario con despacho en la Casa Rosada.

El verdadero objetivo del Gobierno es bajar la conflictividad social por lo menos hasta que empiece el Mundial y los reclamos sociales se diluyan entre los partidos de la Selección.

Es para evitar que se desaten algunos resortes peligrosos en el electorado: entre las opciones para resolver la inseguridad, un 38% de los encuestados justificó la figura de la pena de muerte para los delincuentes, aunque todavía el 56% se oponga.

Pero en el caso de los jóvenes, el 46% la definió como “necesaria” para combatir la inseguridad. Un dato más que preocupante.


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