A 19 días de su detención, cómo sigue el caso de los hombres que tuitearon contra la esposa de Gerardo Morales

Marcelo Nahuel Morandini, docente universitario, y Roque Villegas, trabajador independiente dedicado a la sublimación de remeras, continúan detenidos en Jujuy a raíz de las publicaciones que realizaron en sus redes sociales sobres rumores que comenzaron a circular acerca de infidelidades y la paternidad del exgobernador de esa provincia, Gerardo Morales, y su esposa, Tulia Snopek.

En las últimas horas, el juez Pablo Pullen Llermanos prohibió a los acusados, a sus familiares y allegados, hacer cualquier mención pública sobre el exmandatario jujeño y su esposa y la hijita de ambos. Esta decisión estuvo acompañado del rechazo de pedido de libertad de Villegas y del cambio de la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, luego de la presentación realizada por sus abogados defensores, Adrián y Sebastián Iconomovich. 

Detuvieron a dos hombres por difundir fake news sobre la hija de Gerardo Morales

El caso del docente, que trabaja en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), es similar y su pareja, la también profesora Lucía Castro Olivera, indicó que "fue trasladado cinco veces" en estas más de dos semanas. "El juez Roberto Aseff -quien inició el proceso- había ordenado eso, argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad. Ahora ingresó nuevamente en el Penal Nº 1 de Gorriti, donde también se encuentra detenido Villegas", explicó.

En una publicación realizada en La Garganta Poderosa, Castro Olivera manifestó que a Morandini fue acusado de "alterar la identidad de una persona a través de un tuit, pero no hay manera de probar eso". Y agregó que la denuncia hecha por Snopek y la posterior imputación de los fiscales señala que el mensaje en redes "fue contra la hija del ex gobernador, sin embargo no hay ninguna referencia a ella".

El Ministerio Público de la Acusación afirmó que "cuando los sindicados Sr. Morandini y Villegas realizaron posteos y publicaciones en redes sociales exponiendo y exhibiendo a la menor G. M. sin cubrir el rostro de la misma con comentarios referidos a su filiación”.

Según figura en el expediente, Morandini y Villegas fueron acusados por "delitos de lesiones leves, alteración del estado civil y supresión de identidad de un menor de edad". Recientemente el juez Pullen Llermanos hizo lugar a un pedido del defensor de Niños/as, Adolescentes e Incapaces, Federico Ruiz Saman, que pidió una cautelar de "protección de persona". 

Este medida es la que ordena la prohibición de "efectuar expresiones públicas por cualquier medio, utilizando el nombre de las víctimas" con el fin de evitar "actos de violencia psicológica". Fuentes judiciales consignaron que la continuidad de la prisión preventiva estaría sustentada en que “actualmente se siguen expandiendo varias publicaciones de las cuales los acusados supuestamente habrían sido partícipes primarios", hechos que continúan bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy.

Además, indicaron a este medio que los acusados supuestamente "están incumpliendo la Ley de Niños y la Ley Olimpia". Ésta última incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres y establece el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.

La denuncia contra el rumor sobre la paternidad de Morales

El rumor empezó a circular con un audio anónimo. En él, una mujer aseguraba que el exgobernador de Jujuy no había autorizado a Los Tekis a organizar su histórico festival de febrero porque supuestamente "se había enterado" que su esposa era amante del líder de la banda, Mauro Coletti, y que éste era el padre de su hija.

Las redes sociales y los portales de noticias se hicieron eco de estas versiones y desde el entorno de Morales aseguran que se trata de una operación en su contra. Por ese motivo, realizaron una denuncia para que se investigue quiénes originaron ese rumor, e impulsaron las publicaciones del mismo.

Snopek hizo una presentación en el MPA jujeño donde considera que los mensajes se inscriben en los delitos de calumnias e injurias y, además, significan un atropello a los derechos que protegen a su hija menor de edad. 

El exgobernador destacó otra figura legal en la acusación: la supresión de identidad, consagrado en el artículo 138 del Código Penal, y que establece dos años de prisión para quien "alterare o suprimiere la identidad de una persona menor de diez años". En esa línea, opinan que los rumores "son graves" y la niña podría "ser víctima de bullying cuando comience el jardín y le digan que su padre no es su padre".   

El pedido de libertad de los detenidos

"No entendemos cuál es la peligrosidad de que él esté en libertad si ya tienen su teléfono, su clave y extrajeron la información. No hay ningún motivo para que siga detenido, es innecesaria la prisión preventiva", comentó Castro Olivera, que denunció que su pareja es víctima de una "persecución".

Por su parte, la familia de Villegas calificó su encarcelamiento como "arbitrario" e "injusto". Su hermana, Alejandra, expresó durante una rueda de prensa: “Mi hermano no es ladrón, no es ratero. Trabaja de sublimación y está a cargo de sus cuatro hijos que ahora quedaron solos. También cuida a mi madre que tiene diabetes, ella está angustiada, no sabe nada de él”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó en la causa para pedir por la libertad y sobreseimiento de los involucrados, solicitando que la misma sea archivada. En el documento, manifestaron que la Fiscalía "no está imputando hechos concretos que encuadren en tipos penales determinados" y dijeron se trata de un uso abusivo del derecho penal con fines meramente persecutorios y disciplinantes, lo que constituye una violación de derechos fundamentales".

"La inexistencia de un delito (...) constituye, en sí mismo, motivo suficiente como para archivar la denuncia realizada por la Señora Snopek. Sin embargo, no sólo se impulsó una investigación penal, sino que además solicitó la prisión preventiva sin demostrar la existencia de riesgos procesales lo que implica, lisa y llanamente, una violación al principio de inocencia", argumentaron desde el organismo.

También expresaron que continuar con el proceso penal "compromete seriamente la responsabilidad internacional del Estado argentino y se aparta por completo de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y hasta provincial", mientras que lo definieron como un "castigo a la libertad de expresión".

El abogado defensor del docente, el Dr. Ariel Ruarte dijo a Página 12 que  esperan "respuestas más amigables ya que han lesionado a personas ajenas" afectando sus derechos y en las redes sociales se viralizó el hashtah #PresosPorTuitear desde el pasado 4 de enero, cuando se produjeron las detenciones, para pedir por la liberación de Morandini y Villegas.

FP ds