El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, aceptó hoy la renuncia del fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal Juan Martín Romero Victorica, acusado de ayudar a un militar represor de la dictadura acusado de apropiación de una hija de desaparecidos.
Fuentes de la Procuración explicaron que Righi le advirtió que "en el plazo de 30 días deberá presentar una nueva Declaración Jurada Patrimonial". De esta manera Romero Victorica consiguió dos cosas: frenar el posible juicio político y acogerse a los beneficios de la jubilación como alto funcionario del Poder Judicial.
Romero Victorica, que en los tribunales es apodado "El Potro", sobrelleva una causa penal por presunta ayuda para eludir la Justicia a un militar y amigo suyo acusado del robo de una hija de desaparecidos en la dictadura. El fiscal de Casación fue denunciado por la hija de desaparecidos Victoria Montenegro, quien ante el Tribunal Oral Federal 6 dijo que el funcionario llamaba a su casa para hablar con su apropiador, el fallecido coronel Herman Telzlaf, para contarle como avanzaba la causa penal en la que estaba acusado por su apropiación ilegal.
Montenegro recuperó su identidad y supo que es hija biológica de Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, dos militantes del ERP que murieron en 1977, y denunció que Telzlaf le confesó que había matado a sus padres y que le mostró el arma con la que cometió los crímenes.
La joven contó que el día que detuvieron a su padre, Romero Victorica la llamó por teléfono y le ordenó "no llores más", porque así no le servía a su papá.
Al ser en su momento consultado sobre estas denuncias, el fiscal aseguró que al apropiador no lo conocía en detalle y que la joven lo había ido a ver porque era fiscal.
No obstante, Romero Victorica aseguró: "Acá hubo un terrorismo marxista y no tengo la menor duda de que fue así".
