Al Milei también se le cayó la creación de la Fiscalía "anticorrupción": ¿desinteligencia o apriete a gobernadores?
Había sido anunciada por Adorni en conferencia de prensa, prácticamente como una novedad. Entre los fiscales había un rechazo generalizado, al que ahora se sumó el procurador interino Casal.
Casal y Cúneo Libarona |
Fiscales
Fue anunciada con bombos y platillos. Serio y con énfasis, el voceroManuel Adorni arrancó su habitual conferencia el 25 de enero pasado con un anuncio fuerte en materia judicial: que el ministro de Justicia iba a sugerir al procuradorEduardo Casalla creación de una "fiscalía especial" que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos. Fue el anuncio fuerte de aquella mañana. Sin embargo, tres semanas después, la propuesta del gobierno de Javier Milei cayó en saco roto.
El pedido fue formalizado por el ministro de Justicia a Casal, pero tuvo la misma suerte que la ley ómnibus.
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En sintonía con una fuerte reacción interna que hubo entre representantes del Ministerio Público Fiscal, en los últimos días Casal rechazó la propuesta del experimentado Mariano Cúneo Libarona, a cargo de la cartera que hizo la propuesta.
Se lo hizo saber mediante una nota en la que buscó ponerlo en conocimiento de que la función de la Fiscalía propuesta "importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público". Ello en su condición de titulares de la acción penal, con lo cual habría que hacer una modificación de la legislación vigente.
De acuerdo a una síntesis publicada en Fiscales.gob.ar, Casal también manifestó que las facultades que pretendía el Ejecutivo para la nueva Fiscalía "son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción".
Comodoro Py, donde tienen base los fiscales federales.
Y enumeró a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que interviene en casos en los que se investigue a un miembro de la Administración Pública Nacional y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que es convocada cuando el sujeto activo es miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o se trate de un caso de soborno trasnacional.
Casal defenció a la PIA y la Procelac
Sobre ese marco, el procurador interino y jefe de los fiscales defendió el trabajo de esos organismos, ya que "vienen cumpliendo las funciones y objetivos allí propuestos".
Ya el día que había salido a la luz la propuesta, PERFIL había dado cuenta de la reacción que se había generado entre altos integrantes del Ministerio Público, que ante consultas de este medio habían coincidido en el rechazo de la iniciativa. Justamente, una de las razones era que lo que el Ejecutivo proponía ya estaba en práctica.
Con el rechazo de Casal, que pasó mucho más desapercibido que el anuncio de Adorni, la iniciativa oficial perdió fuerza. En términos judiciales, el gobierno sumó un nuevo revés a su ánimo propositivo, aunque vale preguntarse si en verdad fue una propuesta genuina -pese a que en el mundo judicial era sabido que se trataba de algo existente- o si fue un mensaje encubierto.
Hubo quienes en un primer momento lo interpretaron de la última manera.
Los destinatarios, de acuerdo a esa teoría, eran los gobernadores, a los que el propio presidente Milei había amenazado al decir, entre otras cuestiones, que si no acompañaban la ley ómnibus les iba a cortar los fondos destinados a sus provincias. La ley finalmente fracasó y el gobierno accionó y potenció el apriete a las provincias, que están en alerta por la quita de subsidios al transporte y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Gobernadores: ¿destinatarios del mensaje encubierto en una propuesta fallida?
"Humo para la tribuna", decía en aquel entonces un conocido integrante del Ministerio Público.
Lo que a muchos integrantes de esas filas también les llamó y le llama la atención es la actitud de Cúneo Libarona de avanzar con una propuesta de tal calibre cuando se supone que por su trayectoria como abogado penalista debería haberlo sabido. A la luz de los hechos, entonces, todo indica que la teoría del mensaje o apriete a los gobernadores fue el telón de fondo de la frustrada propuesta.
