A diferencia de Silvia Majdalani, Gustavo Arribas lo tiene decidido. Si su amigo Mauricio Macri pierde las presidenciales, el jefe de la AFI va a volver a lo suyo: la compra y venta de jugadores de fútbol. Se trata de un negocio del que nunca se desligó del todo, si bien encargó su diaria a dos familiares directos: su hijo y su sobrino. El director de los espías todavía tiene acciones por 150.880 pesos en la sociedad Soccer Player Agencia Esportiv. Así figura en su última declaración jurada. Con casi 282 millones de pesos, Arribas es el funcionario más rico del gabinete ampliado.
Durante la gestión de Cambiemos, el director de la Agencia Federal de Inteligencia también se anotó otro récord: fue sobreseído en pocos meses en la investigación local del Lava Jato. Lo consiguió en marzo de 2017, mucho antes de que los macristas proyectaran un escenario crudo y que ya pinta irreversible: el del despoder.
Lo que todavía no tiene resuelto es si hará base en la Argentina o en San Pablo. “Como sea, vuelve a la función privada, de donde vino”, aclara un amigo. Hasta la convocatoria del Presidente para que dirigiera la ex SIDE junto a Majdalani, Arribas vivía en Brasil con su esposa, Sumny Lindamir.
Quién es Gustavo Arribas, el dueño de la SIDE PRO
Si bien no tenía ningún tipo de experiencia en el submundo de la inteligencia, Macri priorizó el valor de la confianza. “Pensé: de todos mis amigos, ¿cuál es el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Justo uno que se había hecho de una buena posición económica en el fútbol; uno que arrancó de una posición humilde en la vida”, afirmó Macri en el libro M, de Laura Di Marco.
Majdalani, en cambio, pretende seguir en la política. “Desde el llano o donde sea”, suele afirmar por estos días. Con antecedentes menemistas, Majdalani ocupó cargos legislativos desde 2003 hasta 2015.
Arribas fue uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición. Le reprocharon su condición de outsider, su pasado y ciertos manejos en la conducción de la AFI. Con Macri en la presidencia de Boca, Arribas había sido intermediario del pase de Carlos Tevez al Corinthians en 2005. La venta del delantero llegó a ser investigada por la unidad antilavado.
Causas. A principios de 2017, quedó bajo sospecha nuevamente: lo acusaron de haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht. Pero su continuidad nunca estuvo en duda. Arribas juró ser inocente, y primó su amistad con Macri: el jefe de los espías le alquila el departamento sobre avenida Libertador. Se trata de una intimidad construida desde los tiempos de Socma, de los partidos de paddle (que todavía juegan cada fin de semana en la quinta Los Abrojos) y de los negocios en Boca.
Frente a la denuncia en su contra, Arribas contrató al abogado de Macri: Alejandro Pérez Chada. En pocos meses logró que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyera. En febrero pasado, la Corte Suprema rechazó reabrir la causa.
En adelante, la AFI tendrá que dar explicaciones al fiscal Ramiro González y al juez Ariel Lijo en una derivación del D’Alessiogate: es por la visita que dos espías le hicieron al juez Luis Carzoglio, quien investigaba una supuesta asociación ilícita de la familia Moyano en Independiente.
Durante la presidencia de Macri, Arribas transfirió los negocios del fútbol a su hijo y a su sobrino: Ezequiel Arribas y Juan Manuel Gemelli. Ambos lograron la venta reciente de uno de sus representados: el delantero de 21 años Tomás Conechny, que saltó de San Lorenzo (club del que Arribas es hincha y socio) al Portland Timbers. El equipo de Estados Unidos pagó un millón de dólares por el 60% del pase. Tras el derrumbe de las PASO, Arribas quedó a punto de volver a manejar directamente ese tipo de operaciones.
Niegan casos de espionaje
A menos de dos meses de que termine el mandato de Cambiemos, Rodolfo Canicoba Corral avanza con una investigación contra el Gobierno. La pista que sigue pone la lupa sobre una supuesta red de espionaje que vigilaba a jueces federales y hasta ministros de la Corte Suprema. La maniobra habría incluido el ingreso al sistema de la Dirección de Migraciones.
La AFI ya negó cualquier tipo de responsabilidad. De hecho, la Agencia Federal de Inteligencia había realizado la denuncia original en 2017. Fue a partir de la publicación de una nota de Carlos Pagni en el diario La Nación, titulada “El pestilente círculo negro del espionaje”. Ahí, Pagni detallaba operaciones de espionaje ilegal vinculadas a la AFI.
El fiscal Ramiro González impulsó el expediente. Canicoba ya les exigió explicaciones a 12 organismos, como la Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la UIF, la Policía de la Ciudad, la Procuración Nacional, el Ministerio de Seguridad de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Nacional.
