Llegar a la mitad del año y seguir reclamando el sueldo de las fiestas parece una locura, pero es la realidad que empujó a los profesionales de la salud mental al límite. Cansados de financiar con su propio bolsillo la atención de miles de pacientes, los psicólogos bonaerenses que responden al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) decidieron ponerle un freno a la precarización y anunciaron un corte total de servicios para exigirle a la obra social provincial que salde una deuda millonaria que arrastra desde 2025.
La medida de fuerza, que se ejecutará durante 24 horas este mismo viernes, surge como una respuesta desesperada ante las reiteradas irregularidades administrativas del Instituto. El Colegio de Psicólogos de La Plata lidera este reclamo tras agotar las instancias de diálogo formales sin obtener un cronograma claro que garantice la liquidación de los honorarios atrasados.
Los números que exponen los prestadores reflejan un desfasaje insostenible para cualquier economía doméstica. En lo que va de este 2026, la obra social apenas realizó tres desembolsos, cuando el calendario indica que a esta altura ya deberían haberse concretado cinco pagos. Las facturas que acumulan polvo en los cajones estatales y que todavía no tienen orden de pago emitida corresponden a los meses de diciembre del año pasado, enero, febrero y parte de marzo.
“Lo que hace IOMA continuamente es no dar fecha de pagos y cortar la cadena. Este año está pagando más o menos cada 45 días”, explicó Sebastián Navarro, tesorero de la entidad colegiada. En sintonía con las quejas de sus colegas, el dirigente señaló que la mutual toma este tipo de decisiones de manera unilateral, sin avisar y sin permitirle a los trabajadores planificar su economía, dejándolos en un estado de incertidumbre total.
El impacto de este ahogo financiero golpea por partida doble. Por un lado, asfixia a los terapeutas, muchos de los cuales dependen de los ingresos de la obra social provincial para cubrir hasta el 50% de sus gastos mensuales. Por el otro, vulnera directamente a los afiliados, quienes ven interrumpida la continuidad de sus tratamientos psicológicos, un factor clave y de extrema sensibilidad para la eficacia de cualquier abordaje en salud mental.
Desde los pasillos de IOMA intentaron bajarle el tono al conflicto con dos argumentos. Primero, justificaron la demora técnica apelando a la letra chica de los convenios, afirmando que los plazos de pago pueden extenderse legalmente hasta 90 días. Segundo, responsabilizaron de forma directa al Gobierno nacional por generar un escenario de ajuste económico generalizado que terminó rompiendo los circuitos en la provincia. "Venimos atrasados, pero pagando con un gran esfuerzo", indicaron fuentes oficiales de IOMA, deslizando además la promesa de cancelar la deuda este mismo jueves 21.
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La tensión al límite y el fantasma de una extensión
Pese a las filtraciones y promesas extraoficiales de IOMA sobre una inminente transferencia de fondos, los psicólogos ratificaron el paro del viernes y no descartan endurecer las protestas la próxima semana. Los profesionales aclararon que, hasta el momento, no recibieron ninguna comunicación institucional formal ni avisos concretos de cancelación de la deuda, por lo que consideran que el conflicto sigue abierto y la huelga se mantiene firme.
Este cortocircuito no es un hecho aislado, sino que estalla en un contexto de altísima sensibilidad, coincidiendo con la Marcha Federal de la Salud que moviliza a todo el país en repudio a los recortes presupuestarios. Las autoridades de la obra social bonaerense utilizaron justamente esa protesta nacional como escudo argumentativo para explicar sus propias falencias financieras, evidenciando que el sistema sanitario público y privado atraviesa una crisis que cruza todas las fronteras.
El reclamo de fondo de los terapeutas va mucho más allá de cobrar el dinero que ya se ganaron hace cinco meses. Lo que el sector exige para destrabar el conflicto y retomar la atención normal de los afiliados es que la entidad establezca parámetros certeros de cobro hacia el futuro. Si no se fijan fechas previsibles que respeten el trabajo profesional y eviten la licuación de los ingresos, advierten, sostener el sistema de salud mental en la provincia será una tarea materialmente imposible.
TC/AF
