El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart resultó sorteado para intervenir en la denuncia que presentó el Gobierno contra Mauricio Macri y un decena de funcionarios por el envío de "material represivo" a Bolivia. Tras su designación, solicitó al Ministerio de Seguridad, Justicia y a la Administración Federal de Ingresos Púbicos (AFIP), remitir la documentación recolectada en 72 horas.
Dicho sorteo fue llevado a cabo en la Cámara Nacional de ese fuero, que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, en la que también quedó radicada otra denuncia presentada por el exjuez Eduardo Freiler. En la denuncia originada desde el oficialismo, el fiscal será Claudio Navas Rial.
La acusación fue realizada el lunes 12 de julio y lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. En el texto, hacen referencia al “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia encabezado por el expresidente Mauricio Macri".
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Asimismo, aluden al "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación".
Afirman que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales".
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados", agregan.
El material bélico puesto a disposición del gobierno de facto boliviano habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos (spray MK-9), 5 gases lacrimógenos (spray MK-4); 50 granadas de gas CN; 10 de gas CS y 52 de gas HC. De acuerdo a documentación incorporada a la denuncia, ese inventario de municiones no habría sido el definitivo.
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En julio del 2020, el Comandante Mayor Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina, Carlos Miguel Recalde, emitió una nota en la que dejó constancia que unos 70.000 cartuchos antitumulto se habrían utilizado en Bolivia en maniobras de “entrenamiento” y "a los efectos de cumplir con el normal desarrollo de las actividades diplomáticas".
Esta maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad ), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas) y Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.
El ministro de Justicia, Martín Soria, uno de los firmantes de la denuncia, sostuvo en diálogo con Télam Radio que los hechos descubiertos en los últimos días constituyen “una mancha nefasta en la historia de la Argentina” ya que es “la primera vez que un presidente argentino colabora enviando armamento y municiones con un golpe de Estado de un país hermano como es Bolivia”.
JFG/ ds
