El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, ordenó auditar todas las compañías contratadas por la Secretaría de Inteligencia e identificar cuáles son “empresas pantalla”. Estas firmas fantasma que sirven para cubrir operaciones de inteligencia o maniobras de corrupción y desvío de fondos puede poner a los ex jefes de los espías contra las cuerdas.
Parrilli encomendó esa tarea a dos funcionarias de su máxima confianza que lo secundaron en la Secretaría General de la Presidencia hasta diciembre. Se trata de la contadora Susana Baum, ex secretaria administrativa de esa área, a la cabeza de la misión, y Alicia Alonso, ex directora de Programas de Gobierno, que se encarga de lo legal y técnico. Deberán identificar qué empresas contratadas por la SI son compañías reales y cuáles son “fantasmas” o “pantallas”. Y, dentro de éstas últimas, cuáles se usaron con fines de inteligencia y cuáles con fines ilegales. En la mira están las ex autoridades de la SI, en especial, Francisco “Paco” Larcher y Jaime Stiuso, ex jefe de los espías y quien fue el principal colaborador de Alberto Nisman.
Hasta el momento, por ejemplo, se identificó una firma contratada para realizar un servicio de clipping de medios que cobraba sumas llamativas. Es un caso menor.
El legislador porteño Gustavo Vera, director de Fundación Alameda, viene siguiendo también la pista de las empresas fantasma. Tiene en su poder un listado de treinta firmas que pertenecen a agentes de la SI o están vinculadas al organismo. La mitad de ellas forman parte de la denuncia que presentará mañana ante la Justicia (ver página 3). Para su investigación partieron de la empresa American Tape SRL, creada entre otros por Jaime Stiuso en 2000, y de allí empezaron a cruzar datos. “Son pantallas de tráfico de influencias, contrabando y lavado de dinero. Y después hay otro rubro que tiene que ver con los prostíbulos”, aseveró el dirigente, cercano al papa Francisco.
Las pantallas son empresas ficticias que tienen a su nombre las propiedades de la ex SIDE, los teléfonos celulares de los espías y agentes, los automotores de la Secretaría, y que prestan supuestos servicios al organismo. En algunos casos, incluso, tienen actividad real o cuasirreal –empresas de seguridad, vigilancia, consultoría– para darles cobertura a agentes, “empleados” de estas firmas. El fiscal Alberto Nisman denunció que Allan Bogado, un supuesto agente de la SI, intervino en las negociaciones con los iraníes. El hombre, que la SI niega como miembro del organismo, trabajaría para una empresa de telecomunicaciones que dice tener como clientes a fuerzas armadas.
Una fuente que tuvo un importante cargo en la Secretaría de Inteligencia le relató a PERFIL cómo es el manejo presupuestario y dónde se incorporan las empresas fantasma. Los fondos originalmente son asignados a las “operaciones” de la SI. Es en el marco de esas operaciones donde se tercerizan tareas y se contratan las empresas en cuestión. Compras de artefactos tecnológicos, pagos de “recursos humanos” y hasta tráfico de información –bajo la pantalla de un seminario internacional, por ejemplo– son algunas de las tareas para las que se hace figurar a estas empresas. El sistema, según esta misma fuente, no es un invento argentino sino que replica el accionar de la CIA.
Las pantallas pueden servir también para justificar gastos o servicios durante las operaciones y luego desviar ese dinero ilegalmente. Cuando Rafael Bielsa era síndico general detectó que existía una cuenta bancaria en Nueva York que la SIDE no informaba a la Sindicatura. “En octubre de 2000, la SIDE nos engañó cuando pedimos la rendición de cuentas. Los gastos que no incluían sueldos los justificaban con facturas de las pantallas. Decían que habían ejecutado todo el presupuesto pero mandaban fondos a una cuenta bancaria en Nueva York y los hacían entrar al país nuevamente a otra cuenta”, contó Bielsa a PERFIL. Esas cuentas no estaban sujetas al control del Estado.
En la causa de los sobornos del Senado se detectó, por ejemplo, que la firma Canteras Brandsen tenía cuarenta teléfonos Nextel a su nombre, que eran utilizados por agentes y miembros del gabinete de Fernando de la Rúa.
El abogado José Manuel Ubeira, que defendió al ex comisario Juan José Ribelli en la causa AMIA, recordó en diálogo con este diario el caso de José Daniel Salinardi, ex jefe del Departamento de Contrataciones de la SIDE. Desde 1982, Salinardi figuraba como socio y apoderado de Osgra SRL, una empresa fantasma que tenía a su nombre el 80% de los inmuebles de la ex SIDE. Cuando asumió la Alianza, Salinardi fue echado pero no traspasó la titularidad de la empresa pantalla. Cuando Salinardi se divorció, su ex mujer, Mónica Rodríguez, inició una demanda para reclamar una parte de esas propiedades. La SIDE los denunció y logró que los detuvieran.
El abogado Ubeira intervino como defensor de otros dos acusados en la causa. “Con los títulos de propiedad, pedimos los teléfonos fijos que estaban a nombre de esos edificios de la SIDE y detecté que algunos de esos teléfonos se habían usado para acordar con Telleldín el pago de los $ 400 mil para denunciar a Ribelli en la causa AMIA”, contó.
Garantizan continuidad a jefes de la SI. Tras el anuncio del proyecto de ley que busca reformar la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli garantizó la continuidad de los directores de la SI que no salieron tras la expulsión de Jaime Stiuso, ex hombre fuerte del organismo, confirmaron a PERFIL fuentes oficiales. Es en sintonía con el proyecto del Gobierno, en el que la totalidad del personal de la SI pasará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La SI tiene presupuestado para este año fondos por más de 800 millones de pesos, un 16% más de lo que recibió en 2014. Desde que asumió Cristina, en 2007, su presupuesto aumentó un 177%, cifra que está muy por debajo del 585% de aumento del manejo de fondos para inteligencia que recibió el jefe del Ejército, Cesar Milani. Pero además del presupuesto oficial, la SI cuenta con fondos reservados sobre los que no rinde cuentas a nadie .
Parrilli no sólo ordenó una auditoría administrativa en el organismo de los espías. El funcionario encargó una reforma edilicia de la Secretaría de Inteligencia a Flavio Riquelme, saliente administrador de Servicios Generales de la Casa Rosada.
La oficina en mejor estado es el despacho que ocupa ahora Parrilli, en la sede central de la calle 25 de Mayo, a metros de la Casa de Gobierno. Pero el resto de las dependencias necesita una reforma casi integral, incluido el frente del edificio. También se ordenó una recategorización de los escalafones más bajos de empleados de la secretaría, que cobran los sueldos más modestos.
