Mientras llovían prisiones preventivas para ex funcionarios y personajes kirchneristas, el Gobierno sorteó con éxito durante 2017 el devenir de varias causas penales: los “expedientes M” se movieron a paso lento o directamente se cerraron. “¿Sorprende? Seguro que se activan para el 2019”, dijo a PERFIL un integrante de Comodoro Py, con un clara visión de los ritmos electorales de la Justicia.
La investigación de enriquecimiento ilícito contra Mauricio Macri, las sospechas contra la vicepresidenta Gabriela Michetti por el dinero robado en su casa, la causa contra el presidente de Boca Daniel Angelici y la acusación contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas son solo algunos ejemplos de los expedientes que se cerraron este año. Pero hay otros que siguen abiertos y preocupan: al primo del Presidente, Angelo Calcaterra, le pidieron un embargo millonario por su nexo con la causa Odebrecht. Y el nombre de Macri está en varias carátulas. La principal es la que analiza el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del mandatario, para hacer una importante quita de la deuda que mantiene con el Estado. El fiscal Juan Pedro Zoni imputó al Presidente, el ministro Oscar Aguad, directivos de Socma y Sideco, síndicos y una jueza comercial. El juez Ariel Lijo acaba de pedir datos bancarios y libros contables y societarios de empresas del Grupo Macri desde 2001. Ya lo había hecho la fiscal Gabriela Boquín en la causa comercial.
En tanto, el 1º de marzo cuando Macri se preparaba para ir al Congreso, se enteró de que el fiscal Jorge Di Lello terminaba de imputarlo por la concesión de rutas aéreas a la empresa Avianca. La denuncia salpicó no solo a su padre, Franco Macri, sino al secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis y al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, entre otros. Pero el Presidente también tuvo tiempo para las alegrías: fue sobreseído tras las elecciones en una causa por enriquecimiento ilícito y logró que se cayera la sospecha de lavado en la causa Panamá Papers –ahora analizada solo por evasión en otro fuero–.
El que también tuvo suerte fue Angelici. Tras los dichos de Elisa Carrió que lo señaló como operador judicial del macrismo, el fiscal Federico Delgado promovió la indagatoria del presidente de Boca, pero después de un año de averiguaciones el juez Sebastián Casanello firmó su sobreseimiento: el delito no estaba probado. El caso aún tiene posibilidades de ser discutido en la Cámara Federal, pero dependerá del fiscal Germán Moldes.
Moldes fue crucial para que se cerrara una causa clave, en donde se dictó un sobreseimiento considerado escandaloso en los pasillos de tribunales. Gustavo Arribas, amigo de Macri y titular de la AFI, había sido salpicado por el escándalo del Lava Jato, cuando lo delató un brasileño arrepentido. Pero la causa duró tres meses: el juez Rodolfo Canicoba Corral dijo que no había acusación y que extender la investigación implicaba salir en una “excursión de pesca”. Moldes desistió de apelar. Intervino el jefe de la PIA Sergio Rodríguez pero Casación dijo que no estaba legitimado. Un recurso extraordinario llegó esta semana a la Corte Suprema para intentar revivir la causa.
Hay otros funcionarios salpicados por denuncias: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es investigado por la contratación de Aerolíneas a un hotel de su familia, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, está bajo la lupa de dos fiscales y al secretario de Finanzas, Luis Caputo, lo acusaron por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Hay una causa contra el secretario de Deportes Carlos Mac Allister, otra contra el ministro Sergio Bergman y denuncias contra la ministra Patricia Bullrich por el caso Boudou y los incidentes del Congreso. Además, la Cámara Federal debe resolver si reabre el caso del Memorándum con Qatar, por el que polemizaron esta semana Michetti y la ex presidenta Cristina Fernández en su rol de senadora.
