El último fin de semana, el presidente Alberto Fernández dio una serie de declaraciones a los medios, en las que se refirió a dos aspectos vinculados al universo judicial: por un lado, habló sobre el cambio de mayoría necesaria para la designación del Procurador General de la Nación, y de su candidato, Daniel Rafecas, así como también criticó la figura de los imputados colaboradores en el caso de los cuadernos de la corrupción.
Mientras que las primeras apuntaron a apoyar la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que busca el cambio de mayoría, las declaraciones sobre los arrepentidos, se dieron en horas previas a que la Sala I de la Cámara de Casación Federal resuelva sobre la serie de planteos realizados por las defensas en el caso. Los planteos apuntan a derribar el expediente que tiene a la vicepresidenta procesada como jefa de una asociación ilícita entorno a la obra pública.
Ninguno de los dos puntos esgrimidos por Fernández pasó inadvertido en tribunales en general y mucho menos en los de Comodoro Py en particular. Despertaron críticas y acrecentaron un malestar y una preocupación extendida que hay en la justicia respecto de la posición del oficialismo tiene sobre ella. Desde los cambios previsionales en los judiciales a comienzo de año, pasando por la ley de reforma judicial en plena pandemia, la creación del Consejo Consultivo para que revise su funcionamiento, así como la revisión de los traslados, y los avances en la Procuración, son parte de los motivos de alarma.
Ahora, Daniel Rafecas aceptaría la Procuración aunque cambien el modo de elección
“Nadie ignora lo que es cambiar la mayoría para elegir Procurador, y menos un hombre de la academia, como se presenta él, sostuvo una fuente con despacho en Comodoro Py 2002 en referencia a Fernández. En tanto que otros hicieron hincapié en su postura sobre los arrepentidos en la víspera de que el máximo tribunal penal del país debe decidir en el caso, uno de los que más preocupa a CFK.
Bajo la postura de que hay que "hacer más fácil el trámite de la designación de funcionarios", el Presidente comenzó a mostrar el fin de semana su apoyo a la avanzada de CFK en el Senado de la Nación. Eso incluso lo llevó también a relativizar la postura de su candidato para el puesto de jefe de fiscales, el juez federal Daniel Rafecas, quien desde agosto pasado, cuando se conocieron las primeras voluntades de cambios para la elección se mostró contrario a acceder al puesto de otro modo que no fuera por el de los dos tercios del Senado, como marca la Constitución.
Rafecas lo ratificó después, en tanto que en las últimas horas se llamó a silencio. Desde su entorno incluso sostuvieron que no había sido notificado sobre un posible encuentro con el presidente en las próximas horas, algo que sí dejaron trascender desde el oficialismo.
En sus declaraciones, Fernández también agregó, relativizando el impacto de los cambios en Rafecas: "Conozco a Daniel desde hace años y sé que es un principista, pero no es un tema de principios, es un tema práctico”. En un movimiento con el que marcó más su acercamiento a CFK y pareció descargar la responsabilidad de la decisión en Rafecas.
El kirchnerismo no detiene su marcha para reformar la Procuración General
Fernández y Rafecas se conocen desde hace décadas, en especial por el ámbito académico, donde ambos compartieron el departamento de Derecho Penal, pero en distintas cátedras de teoría del delito. Rafecas en las de David Baigún y Edmundo Hendler y Fernández en la del ex Procurador, Esteban Righi, una figura fundamental para ambos.
Es ese mismo ámbito académico uno de los que por estas horas también mira con recelo la decisión del kirchnerismo de introducir esos cambios. Así como también es uno de los argumentos con los que más se critica el cambio de posición de Fernández.
“Vive diciendo que es un hombre del derecho, siempre hace alusión a que viene de la academia ¿y plantea que es lo mismo una mayoría que la otra?. Increíble”, reflexionó una fuerza del edificio de Retiro. No es la única. Varios de los que trabajan en esa mole de cemento sostienen que los cambios en la ley no sólo apuntan directamente contra el procurador y manifiestan su preocupación por la situación en la que quedarán los fiscales en general con los cambios que se introducirán.
En la Cámara alta, el kirchnerismo tiene el dictamen listo para aprobar esta semana la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal y luego se debería ver qué sucede en Diputados, donde podría ser incluida en extraordinarias. Los cambios alertaron desde el primer momento a los fiscales en particular y a la justicia en general. Así se pudo saber con los distintos comunicados que emitieron desde agrupaciones, así como por la carta dirigida, el viernes último a Oscar Parrilli, y firmada por un grupo de 80 fiscales.
“La reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los fiscales, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones”, apuntaron allí manifestando su preocupación, generalizada por estas horas en los pasillos de tribunales en general.
La figura de los arrepentidos
Tampoco pasaron inadvertidas en tribunales las declaraciones de Fernández sobre los arrepentidos, precisamente cuando para esta semana se espera que se conozca la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Federal, sobre la validez de las mismas en el caso de los cuadernos de las coimas, tras un planteo realizado por varias de las defensas de los involucrados en la causa, que tiene a CFK como jefa de una asociación ilícita.
Los arrepentidos fueron uno de los pilares fundamentales del expediente que comenzó públicamente en agosto de 2018 con una importante ronda de detenciones que incluyeron a ex funcionarios del kirchnerismo, y a algunos de los más poderosos empresarios del país. De Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fueron sólo algunos de los que la madrugada del 1° de agosto quedaron detenidos por disposición del juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio.
Daniel Rafecas apeló a la Constitución para defender su postulación
"Es un sistema de compraventa de testimonios", afirmó Fernández sobre la ley. "Si ustedes miran, se aplicó casi simultáneamente en Ecuador, Brasil y Argentina: en los tres casos para perseguir dirigentes políticos opositores", agregó, en relación a Rafael Correa, Cristina Kirchner y Lula da Silva. Fue durante uno de los tramos de la entrevista que le hicieron los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, en Net TV: "Es una ley definitivamente mala". completó.
Las declaraciones no cayeron bien en tribunales, donde las consideraron “de mínima, inadecuadas”, en vistas a la fecha en que se espera que se conozca el fallo de Casación. “No es extraño, esta cada vez más cerca de CFK y eso parece dejarlo en off side respecto de sus opiniones", detalló una fuente que no duda de que el objetivo judicial no terminará acá. "Las declaraciones fueron inadecuadas, pero mucho más cuando se sabe que Casación tiene que decidir", coincidió otra fuente de Retiro.
CD/FeL
