Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron citados a indagatoria por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa que investiga presuntas tareas de espionaje ilegal vinculadas a las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
El magistrado a cargo del expediente, en el que también está detenido el espía y falso abogado Marcelo D'Alessio, fijó la indagatoria de Arribas (extitular de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri) para el próximo martes 29 de septiembre a las 11. La de Majdalani, su segunda en el organismo, será el día siguiente, miércoles 30. Además, el juez les trabó una caución de 20 millones a depositar en tres días y ordenó la entrega de sus pasaportes.
La investigación surge porque a fines de 2016 desde bases operativas de la Agencia Federal de Inteligencia en el conurbano bonaerense se desplegaron actividades de espionaje en perjuicio de un grupo de personas. Entre ellas se encontraría la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como reveló PERFIL.
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A partir de pruebas en la causa de espionaje y extorsión que tiene detenido a D’Alessio, según la investigación, se buscó "influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor". La acusación parte de la existencia del proyecto AMBA donde la AFI instaló 6 bases operativas para supuestamente combatir el delito pero que se utilizaron para tareas de espionaje político.
Por esta causa, Ramos Padilla dispuso el procesamiento del ex funcionario de la AFI Pablo Pinamonti por realizar "acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor" en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público.
A Pinamonti se lo acusa de "haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias". En concreto, de haber "pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo".
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"De una simple lectura de los documentos relevados se desprende que, durante el 2017, las delegaciones AMBA recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político, vinculada a las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires", concluyó el magistrado, según recogió la agencia Noticias Argentinas.
Por ello, acusa que Pinamonti tenía a cargo bases operativas de AFI en el Conurbano donde se hicieron seguimientos a referentes políticos, sociales, partidarios, comunitarios y hasta patentes de transportes como ser el traslado de manifestantes.
FF/FeL
