Desde Córdoba
El hasta hace poco prófugo de la Justicia, Ricardo Jaime, cumplió con su deber cívico y se presentó a votar ayer en Córdoba, donde fijó su domicilio. El ex funcionario kirchnerista llegó pasadas las 15 hs. en el Colegio Lasalle, ubicado en el coqueto barrio Arguello, en las afueras de la capital provincial acompañado por su hija, su yerno y su nieta.
Enfundado en una campera negra, gorra deportiva, lentes oscuros, y hablando por celular en todo momento, el ex Secretario de Transporte intentó pasar desapercibido ante el resto de los electores, mientras se dirigía camino a la mesa número 2756 donde sufragó.
El momento de mayor tensión llegó cuando este diario intentó capturar la imagen del ex funcionario al emitir su voto, lo que molestó a la hija de Jaime. Enojada, intentó obstaculizar a los reporteros de este medio para que no pudiera fotografiar a su padre.
“No me importa que estés trabajando, no le saques fotos”, increpó. “No te hagas problemas” le pidió Jaime a su hija, interviniendo en la discusión. “Me han sacado un millón de fotos en la calle”, completó el ex hombre de confianza de Néstor Kirchner, ante la obstinación de la joven que procuró de manera infructuosa evitar las fotografías.
Luego Jaime se dirigió al cuarto oscuro, donde entró y votó de manera rápida. Al salir, saludó a cada una de las autoridades de mesa y se retiró sin realizar declaraciones, en compañía de sus familiares.
En materia judicial, luego de varios fallos favorables, Jaime sufrió el pasado viernes uno de sus primeros reveses. La Cámara Federal de Casación Penal con las firmas de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky rechazó un recurso de la defensa para que sea declarado “inconstitucional” el artículo del Código Penal que define el delito de “enriquecimiento ilícito”.
La medida también comprendió a otros imputados por enriquecimiento ilícito en el mismo expediente: la ex pareja de Jaime, Silvia Reyss, y las hijas de ésta, Agostina Soledad Jayo y Lorena Jayo.
“No han logrado demostrar que el caso comporte una cuestión federal suficiente que irrogue a sus asistidos un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior” justifica el fallo.
El ex funcionario está imputado por presuntamente haberse beneficiado de manera ilegal durante el ejercicio de la función pública, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
