Está claro que la esquirla más grande del escándalo conocido como "Gestapo antisindical" le cayó a la ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional María Eugenia Vidal. Pero bien podría ubicársele a la par el procurador Julio Conte Grand, que por estas horas se enfrenta a un escenario complejo tanto desde lo político como en el frente judicial.
En primer lugar, la posibilidad del juicio político no es algo que le haya sorprendido a Conte Grand. Si bien desde que salieron a la luz los videos que motivaron la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se mantiene en un estricto silencio que hasta llega a su entorno, semanas atrás, cuando apareció su foto almorzando con el ex presidente Mauricio Macri, una persona cercana al procurador admitía la posibilidad del proceso.
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Es más, en ese momento dejaban trascender que el procurador estaba confiado y que se iba a resistir. Decían que no le preocupaba que el Frente de Todos promueva el juicio político porque "en algún momento iba a pasar" y no iban a conseguir los números en Diputados ni en Senadores. Al mismo tiempo consideraban que si eso ocurría y finalmente lograban destituirlo se iba a producir un escándalo social.
Lo cierto es que el escenario cambió, porque el impacto del video de la reunión entre ex funcionarios de Vidal, empresarios y espías de la AFI superó al de la foto con Macri al punto que, como se mencionó, el entorno de Conte Grand se niega rotundamente a una mínima referencia sobre el tema.
El juicio político: cómo es y qué podría pasar
Si bien la idea del juicio político estaba contemplada, está claro que la aparición del video en el que se lo escucha al ex ministro de Trabajo de Buenos Aires, Marcelo Villegas, decirle a los empresarios y espías que "hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso (NdR: la supuesta estrategia de persecución judicial) va a funcionar" motivó a las espadas legislativas del gobernador Axel Kicillof a pisar el acelerador.
Muestra de ello, la iniciativa fue presentada en una conferencia de prensa por los diputados César Valicenti, Rubén Eslaiman y la diputada Susana González.
El pedido de juicio político al que tuvo acceso PERFIL se sustenta en tres puntos: "la pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza ‘Juntos’ y su subordinación funcional a los líderes del espacio"; "la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora" y la "efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre".
Para promoverlo, el artículo 60 de la Constitución provincial indica que son necesarios dos tercios de los votos presentes para que la Cámara de Diputados pueda usar la atribución y se pueda dar lugar a la formación de causa. Hoy el Frente de Todos tiene 42 bancas, por lo que necesita construir puentes con 18 diputados y diputadas del resto de los bloques para llegar a los 60 votos necesarios para que avance el juicio.
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En el oficialismo están decididos: van a ir a buscarlos a los monobloques, a los radicales del bloque Juntos y hasta a la derecha de Avanza Libertad. Incluso se pensaba en el vidalismo con el gancho de que la ex gobernadora era una víctima más del espionaje y del video de la AFI, pero cerca de Vidal dijeron a PERFIL que están rotundamente en desacuerdo con el proyecto.
El frente judicial que enfrenta Conte Grand
Por otra parte, en este momento el frente judicial de Conte Grand es complejo pero pinta un mejor panorama. Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la causa iniciada por la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, hasta ahora se ha centrado en investigar de adentro hacia afuera.
Es decir, en poco más de una semana desde que se inició el expediente, las medidas se centraron en los funcionarios que estuvieron en la reunión de 2017: el ex ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante; el de Trabajo, Marcelo Villegas; y el ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi, además del senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro. También los espías Juan Sebastián Di Stéfano y Darío Biorci.
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De ese modo, hasta el momento no se tomó ninguna medida en relación al procurador y las fuentes judiciales consultadas mantienen estricta reserva en relación a eventuales medidas.
Por eso, por el momento el escenario judicial del jefe de los fiscales de la Provincia es más favorable. Incluso, podría ser mejor al tener en cuenta la posibilidad de una disputa por competencia que podría sufrir la causa en un futuro cercano. El derrotero podría concluir con que la causa pase de La Plata a los tribunales de Comodoro Py.
Y la posibilidad está, porque de acuerdo a fuentes judiciales, Krepak tiene sobre su escritorio del Juzgado federal N°3 de la capital provincial el planteo de recusación que presentó el espía De Stéfano, ex jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI. El posicionamiento del juez sería inminente, según supo PERFIL. Por lo bajo, en tanto, dirigentes del PRO del ala Vidal-Larreta lo defienden del intento para destituirlo pero no se animan a ubicarlo en la revoltosa interna.
A su vez, semanas atrás, en las consultas de PERFIL a fuentes cercanas a Conte Grand por la reunión con Macri, decían que su relación con el ex presidente era cordial y que en ese entonces el ex mandatario le había ofrecido un puesto en la Fundación FIFA además de preguntarle por problemas familiares del funcionario judicial.
cp
