La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares que da luz verde a una serie de cambios que, según denuncian organizaciones ambientalistas, “ponen en riesgo el agua de millones de personas en todo el país” y flexibilizan controles sobre actividades extractivas en zonas sensibles.
Tras la sanción, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace anunciaron que avanzarán con una demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la justicia, pero necesitamos acompañamiento social para frenar este retroceso”, señalaron en un comunicado en el que convocan a sumarse a lo que definen como “la demanda colectiva más grande de la historia” en defensa de los glaciares.
Consultado por Perfil, Quique Viale de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas sostuvo que: "No nos vamos a resignar a entregar el agua de los argentinos. Seguimos con un pie en las calles y el otro en Tribunales. El movimiento socioambiental sabe de largas luchas. La propia Ley de Glaciares, hoy modificada regresivamente, ya habia sido vetada y entre todos y todas logramos sancionarla nuevamente.La "seguridad jurídica", que pedían las empresas, es una quimera ahora mas que nunca"
Qué se aprobó en el Congreso
La iniciativa, que terminó de sancionarse en la Cámara baja, introduce modificaciones clave en el régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial. Entre los principales cambios: se acotó el alcance del concepto de ambiente periglacial, lo que, según críticos, reduce áreas bajo resguardo. Se habilitan ciertos proyectos mineros y de infraestructura en zonas que antes tenían mayores restricciones. Se incorporan mecanismos para actualizar el Inventario Nacional de Glaciares con criterios que podrían excluir cuerpos de hielo de menor tamaño. Y se otorga más margen a las provincias para autorizar actividades en sus territorios.
Desde el oficialismo y sectores aliados sostienen que la reforma busca “equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo”, especialmente en regiones donde la minería es un motor económico.
El respaldo de las provincias mineras
Gobernadores y representantes de provincias cordilleranas con fuerte presencia minera respaldaron los cambios. Argumentan que la normativa anterior generaba trabas excesivas para inversiones y proyectos productivos.
Desde estas jurisdicciones aseguran que la reforma no elimina la protección de los glaciares, sino que “corrige distorsiones” y brinda mayor previsibilidad jurídica. También remarcan que las provincias deben tener un rol central en la gestión de sus recursos naturales, tal como establece la Constitución. En ese sentido, el gobernador de Catamar, Raúl Jalil (en declaraciones en Demasiada Presión, por Gelatina) sostuvo que: "Ha sido un buen avance. Los recursos naturales pertenecen a las provincias. La minería tiene que tener control ambiental. No hay sector que tenga más control. Las provincias vecinas van a opinar. Hoy no podemos vivir sin minería. Tenemos inversiones por más de 8 mil millones de dólares”.
La advertencia de ambientalistas
Organizaciones ambientalistas, científicos y asambleas ciudadanas reaccionaron con dureza. Señalan que la modificación implica un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática.
Según estos sectores, la reducción de áreas protegidas y la habilitación de actividades extractivas en zonas sensibles puede afectar el equilibrio hídrico de regiones enteras. “Los glaciares son reservas de agua fundamentales. Debilitar su protección es comprometer el acceso al agua presente y futuro”, advirtieron.
Además, cuestionan que los cambios contradicen el espíritu original de la ley sancionada en 2010, que establecía fuertes restricciones a la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares.
Camino a la Justicia
Frente a este escenario, organizaciones impulsan una estrategia judicial para frenar la aplicación de la reforma. La iniciativa apunta a declarar su inconstitucionalidad por considerar que vulnera el derecho a un ambiente sano.
La convocatoria busca reunir adhesiones en todo el país para presentar una acción colectiva de gran escala. “Es un punto de inflexión: o defendemos nuestras fuentes de agua o habilitamos un modelo que las pone en riesgo”, sostienen los impulsores.
Mientras tanto, el debate promete escalar tanto en tribunales como en la arena política, en un tema que vuelve a poner en tensión desarrollo económico, autonomía provincial y protección ambiental.
