Cristina Kirchner, más complicada: la Cámara Federal revocó su sobreseimiento por la Ruta del Dinero
La vicepresidenta había sido favorecida por un fallo del juez Sebastián Casanello a mediados de año, pero fue apelado y la Cámara hizo lugar. Duro cuestionamiento al fiscal Marijuán. Quiénes integran Bases Republicanas.
Cristina Kirchner y Sergio Massa juntos en un acto en Ezeiza |
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La Justicia federal revocó este martes el sobreseimiento de la vicepresidentaCristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Fue por medio de un fallo de la Cámara Federal porteña, que hizo lugar a una apelación contra la decisión que había tomado en junio pasado el juez federal Sebastián Casanello.
El fallo fue firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes lideraron la postura a favor del pedido de la apelación. En soledad, Eduardo Farah se opuso.
La ONG Bases Republicanas había cuestionado una decisión de Casanello estampada en una resolución del 5 de junio pasado en la que decidió sobreseer a la actual vicepresidenta por ausencia de acusación, luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuán se retirara del caso en el que se investigaban presuntas maniobras de lavado de dinero.
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Ahora, los camaristas ordenaron que la vicepresidenta siga siendo investigada en ese caso. El juez Casanello deberá seguir con el caso, aunque la defensa de la vice tiene la posibilidad de apelar, según consignaron fuentes judiciales a PERFIL.
El revés judicial llegó a días de terminar su gestión como vicepresidenta y en un año en el que ya recibió varias noticias negativas por parte de Comodoro Py. Entre ellas, la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorandum con Irán por parte de la Cámara de Casación, por las que deberá ir a juicio oral.
Tras la retirada del fiscal Marijuán, Casanello consultó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), también querellantes, quienes se plegaron a la postura del representante del Ministerio Público. Ante ese panorama, el juez sostuvo que se "encuentra limitada su jurisdicción a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes".
El juez federal Sebastián Casanello había sobreseído a CFK en junio pasado.
Agregó que "no puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado".
En otra resolución, el juez había declarado inadmisible el planteo de Bases Republicanas para convertirse en querellante por no reunir los requisitos legales. "Se observan en primer lugar una serie de deficiencias que obstan a la admisibilidad de la presentación desde un punto de vista formal no acompaña poder especial alguno ni acta de asamblea que exprese válidamente la voluntad de la asociación de presentarse como parte querellante", había planteado de entrada.
Farah, en disidencia
La resolución de la Cámara Federal de 14 carillas a la que accedió PERFIL abre con la postura de Farah. En disidencia planteó que "no habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa, debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia".
Seguidamente, Llorens reflotó su postura reflejada en una resolución anterior en la que sostuvo que la ONG debía ser incorporada como querellante "debido al objeto social perseguido por dicha agrupación, compatible con los fines contemplados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto fomenta la participación de la sociedad civil en la lucha contra ese delito". Fue en agosto pasado cuando la Cámara aceptó a Bases Republicanas como querellante.
Así las cosas, el camarista planteó que "la incorporación de este nuevo actor también habilita a que se reexamine la cuestión fondo objeto de esta causa, sobre la base del rol de acusador particular oportunamente conferido".
La crítica a Marijuán
Llorens, uno de los jueces más apuntados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, también usó uno de los párrafos de su voto para cuestionar la decisión del fiscal Marijuán. Dijo que su dictamen pasó por alto una serie de premisas y lo calificó como una "evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso".
Más adelante, recordó que el fiscal "varias veces había dictaminado que la acción penal pública se encontraba vigente a la espera del resultado de algunas medidas de prueba". También que "había sostenido la base fáctica de los hechos imputados y había apuntado la dirección de las responsabilidades penales, sobre la base de conclusiones que extrajera del análisis de la prueba".
No obstante, Llorens dejó en claro que "intempestivamente cambió su posición".
En ese sentido, señaló que prescindió de evaluar la incorporación de prueba vinculada a la vicepresidenta y al empresario Lázaro Báez y sus negocios en el marco del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. "No se han valorado las pruebas agregadas en otros expedientes, que son públicas y pueden ser reclamadas sencilla y rápidamente, para completar el esclarecimiento de los hechos de esta causa, como son la totalidad de la prueba agregada en el proceso denominado 'Vialidad' u 'Hotesur-Los Sauces' (...) para demostrar -o descartar- la existencia de un grupo conectado y direccionado para la comisión de distintos delitos, tal cual los objetivos de una empresa criminal, descripta con la tipología del Crimen Organizado", sostuvo Llorens.
El caso conocido como la Ruta del Dinero K estalló en 2013 con un fuerte correlato en los medios de comunicación. Hubo un juicio en el que terminó condenado Báez junto a otros implicados, mientras la vicepresidenta continuó investigada en primera instancia.
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Al plegarse a favor de la revocatoria del sobreseimiento, el juez Llorens insistió con que "no estaría de más que la acusación recabara la información existente en otras causas para terminar de conformar un cuadro probatorio amplio amplio y demostrativo de la ocurrencia de los hechos (...) que permita hacer realidad el objetivo de alcanzar la verdad real".
Con ese eje argumentativo, el juez propuso hacer lugar a la apelación y ordenarle a Casanello que "reexamine el fondo de la cuestión teniendo en cuenta los lineamientos expresados en esta resolución y todos aquellos que presenten las partes legitimadas", además de revocar el sobreseimiento de la vice.
Por su parte, el camarista Pablo Bertuzzi adhirió a los fundamentos de su colega al sostener que el sobreseimiento no puede subsistir ya que "la premisa principal en que se sustenta (ausencia de acusación) ha perdido vigencia".
"Corresponde revocar el auto en cuestión y devolver las actuaciones al a quo (Casanello) a efectos de que -con la intervención que corresponde de las partes- dicte un nuevo pronunciamiento".
Para ello, consideró, "se deberá evaluar el plexo probatorio obrante en estas actuaciones analizándolos en forma conglobada con las restantes constancias probatorias recabadas en el marco de los procesos vinculados, todo ello a partir de una perspectiva analítica amplia que deberá considerar, además, las recientes evidencias incorporadas a la pesquisa como consecuencia de las últimas medidas que fueran requeridas por el Ministerio Público Fiscal".
Qué es Bases Republicanas
La decisión tiene como eje la apelación de una ONG fuertemente opositora a la vicepresidenta y vinculada al macrismo. Entre otros la conforman Pablo Noceti, su vicepresidente primero, que viene de ser jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich. El Consejo Directivo también está integrado por Pablo Clusellas, ex secretario de Legal y Técnica de Macri.
Otro de los integrantes es el diputado nacional Jorge Enríquez, sindicado como socio fundador de la ONG. La presidenta, en uso de licencia, es Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura.
