La presidenta Cristina Fernández de Kirchner analizó con los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos la conflictiva relación que mantienen con la empresa YPF, en el marco de una jornada en la que circuló en el Congreso un borrador de un proyecto de ley para expropiar la compañía.
La jefa de Estado se reunió con los gobernadores nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), quienes previamente habían acordado con el ministro Julio de Vido disminuir la presión sobre la compañía petrolera.
El funcionario, por su parte, tuvo una entrevista con el titular de Repsol, Antonio Brufau, a quien le comunicó que el Gobierno consideraba insuficiente su plan de inversiones aunque según trascendió, "está la puerta abierta a seguir negociando".
La jornada estuvo plagada de rumores y operaciones políticas que incluyeron la difusión en el Congreso Nacional de un borrador de proyecto de ley para expropiar parte de las acciones de YPF.
El destino de la empresa. La posibilidad de una expropiación de la mayoría accionaria de YPF sería el corolario de una sucesión de medidas tomadas en los últimos meses por el gobierno nacional y de algunas provincias, como la oposición a la postura de los accionistas mayoritarios en la última reunión de Directorio o la reversión de áreas explotadas por la compañía.
En ese marco, el gobierno español, a través de su ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió que cualquier "hostilidad" contra una empresa ibérica, entre la que figura Repsol YPF, será considerada una "hostilidad contra España y su gobierno" y aseguró además que este tipo de acciones tendrán "consecuencias".
"Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el Gobierno los interpreta como hostilidad a España y al Gobierno de España", afirmó Soria desde Polonia, en una clara advertencia al Gobierno argentino ante la probabilidad de avanzar con la expropiación de la mayoría del capital de YPF.
Proyecto desconocido. El borrador que trascendió de lo que sería la iniciativa oficial indica que se procuraría declarar "de utilidad pública" y "sujeta a expropiación" más de la mitad de las acciones de YPF.
La iniciativa establece tres años para completar el proceso de expropiación "dada la eventual complejidad de la tarea valuatoria", en tanto la valuación de los activos a expropiar será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con la colaboración de la Secretaría de Energía.
Si no hay acuerdo con los titulares de las acciones respecto de su valor, la Procuración del Tesoro de la Nación promoverá el juicio de expropiación respectivo, se añade en el borrador que circuló por bloques de la oposición en la Cámara de Diputados.
