Con una audiencia que se inició alrededor de las 9:30, este martes continuó el juicio en la causa “Cuadernos” ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7. Al inicio de la jornada, la fiscal Fabiana León cuestionó que se haya incorporado prueba sin las debidas garantías procesales, en referencia a un video de la declaración del chofer arrepentido Oscar Centeno ante la Justicia española en una causa abierta en ese país por el presunto pago de sobornos.
“Se debía haber certificado”, dijo sobre esa prueba que se exhibió en la audiencia pasada ante los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La causa “Cuadernos” tiene más de 80 imputados y más de 630 testigos admitidos.
En la audiencia de este martes declaró el dueño de la constructora BTU SA, Carlos Mundin, quien reconstruyó su detención en agosto de 2018. “Nos despertamos a las 3 de la mañana aterrados, por los ruidos pensábamos que se trataba de un hecho de inseguridad”, recordó. En la planta baja de su vivienda había unos 10 policías que “amenazaban con tirar la puerta abajo”. “A partir de ahí fue todo un caos, mi esposa lloraba, mi hijo estaba paralizado”, indicó. Al empresario lo llevaron hasta la división de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en su propio vehículo, conducido por agentes de la fuerza.
“Al otro día vino lo más humillante: nos sacaron esposados ante periodistas, fue un show mediático innecesario. Íbamos camino a los tribunales de Comodoro Py”, reconstruyó. Mundin afirmó que “jamás entregó dinero bajo ningún concepto y a ninguna persona”.
“Me ofrecieron incorporarme al régimen de arrepentido pero no estaba dispuesto a mentir”, afirmó. Señaló luego que cuando comprendió que iba a estar un tiempo largo privado de su libertad, comenzó un deterioro en su salud física y psíquica, que en pocos meses le hizo perder unos 20 kilos. “Lo que escribió Centeno fue un invento”, aseveró.
Tanto el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y dueño de la constructora Iecsa como Javier Sánchez Caballero, uno de sus principales colaboradores, se presentaron ante los jueces pero se negaron a declarar. Las defensas de los imputados hicieron “reserva del caso federal”, que es la posibilidad de accionar ante la Corte Suprema, por los cuestionamientos a los “arrepentidos” que no ratificaron sus dichos en juicio ni aceptaron preguntas.
En igual sentido se negó a declarar el empresario Armando Loson, del Grupo Albanesi, quien hizo uso de ese derecho aunque aseguró que testificará más adelante. Tampoco declaró ante los jueces Aldo Benito Roggio, que ratificó “todos los cuestionamientos jurídicos que mis abogados plantearon como cuestión preliminar”.
Por su parte, Hernán Diego Del Río, chofer de José María Olazagasti, citado para la audiencia de este martes dijo que no tiene sueldo ni empleo fijo. Un secretario leyó su declaración durante la investigación, en la que dijo que lo habían amenazado luego de que apareciera su nombre en la televisión.
Los empresarios que declararon
El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, narró, en la misma línea que Mundín que en primer lugar lo llevaron a la división de Drogas Peligrosas de la Policía Federal y al día siguiente a la cárcel de Marcos Paz, donde permaneció detenido hasta el 5 de octubre de 2018. Luego le dictaron la prisión domiciliaria. En un primer momento dijo que estuvo acusado por asociación ilícita y luego solo por cohecho.
Lascurain era el dueño de Fainser, una fábrica de calderas pesadas, de miles de toneladas. Rechazó haber participado en maniobras de facturación apócrifa, acusación que pesa sobre el ex titular de la UIA. Dijo que Centeno sostuvo que él entregó “un paquete” pero que solo entregó “catálogos”.
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En tanto, el empresario Alberto Taselli, de 79 años, dijo que el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, le pidió en una conversación un aporte para la campaña hacia julio de 2013. “Mi único cliente era el Estado, por el tamaño de los equipos que yo producía”, dijo.
Aseguró que Baratta escribió en un papel un número que iniciaba con un 1. “Fueron 6 pagos en julio, agosto, septiembre y octubre de 2013”, señaló Taselli.
“Nos arruinaron la empresa. Estoy indignado. He tenido que pagar lo que he pagado (…) y realmente creo que no lo merecía”, expresó. Negó haber recibido contraprestaciones o beneficios por parte del Estado a raíz de esos pagos.
Una declaración en España
La semana pasada declaró ante el TOF 7 el representante de la empresa española Isolux en la Argentina, Juan Carlos De Goycoechea. El empresario cuestionó los dichos de Centeno. Dijo que en distintas fechas que se le adjudicó entregas de dinero, él estaba en España o en Esquel, de vacaciones.
De Goycoechea aceptó que Isolux de España hizo aportes electorales, que el dinero se enviaba desde Madrid y, según su cálculo, fueron unos 7 aportes, no 19 como señaló Centeno.
“Centeno dijo en su testimonio en España que no tenía idea de qué era Isolux, quién era, quiénes éramos, qué montos pagábamos y no conocía siquiera si los domicilios eran de Isolux”, sostuvo.
De Goycoechea pidió reproducir un video de la declaración de Centeno en España, ante la Justicia. Así el tribunal incorporó una prueba que favorecería a los acusados ya que ubica a un Centeno dubitativo.
“Como ha quedado claramente demostrado, Centeno desconoce por completo todo lo vinculado con Isolux. Pido que no se haya tenido en cuenta como prueba en mi contra”, dijo el empresario en la audiencia.
EM
