La abogada Natalia Salvo denunció al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por hacer impulsado convenios con empresas de medicina privada para la aplicación de las vacunas contra el covid-19. La letrada los acusa de la comisión de delitos de acción pública al “privatizar” la inmunización.
La denuncia es en base a la supuesta existencia de contratos entre el Gobierno porteño con prepagas y obras sociales encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad . A través de esos convenios, se habrían otorgado privilegios a dichas instituciones privadas y a sus socios.
“El GCBA, a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, aseveró Salvo en la denuncia a la que accedió PERFIL.
"El GCBA, a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación"
“Esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con un pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo”, argumenta la abogada.
La acusación de la letrada se da en plena polémica por el “Vacunatorio “Vip” que derivó en la renuncia del ministro de Salud nacional, Ginés González García, y en varias denuncias contra funcionarios de la gestión de Alberto Fernández por permitir que personas pudieran inmunizarse sin cumplir los requisitos ni solicitar turno como el resto de la población.
Vacunatorio VIP: la lista oficial completa de los que se aplicaron la Sputnik
La prioridad para recibir las primeras dosis de la Sputnik V fue para el personal de salud y funcionarios estratégicos. El pasado jueves 18 de febrero empezó la vacunación en la provincia de Buenos Aires para mayores de 70 años. Ayer, lunes 22 de febrero se arrancó con la inmunización a las personas de más de 80 en la Capital Federal.
“La falta absoluta de compromiso para garantizar el orden prioritario para la aplicación de vacunas contra el coronavirus y la pretendida eximición de responsabilidad respecto de los funcionarios públicos que suscribieron los convenios, reviste un accionar de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no pudieran hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer”, sostiene Salvo en su escrito.
En su denuncia adjuntó imágenes de afiches del Sanatorio Güemes en el que ofrece inoculaciones de forma exclusiva a los afiliados de HOMINIS y OSUTHGRA y otro de la AMM con la misma premisa. “Como se puede apreciar, el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha decidido privatizar la campaña de vacunación en clara violación de lo dispuesto por la ley nacional, violando los deberes de funcionario público”, indica Salvo.
“Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean ‘sólo para socios’. En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es ‘socio’ de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios”, resume.
B.D.N./FeL
