Frente a un escenario de marcada pérdida del poder adquisitivo y el retiro del financiamiento nacional, un bloque transversal de diputados presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial de la educación obligatoria en la Argentina por cinco años.
La iniciativa, que lleva la firma de legisladores como Nicolás Trotta y Miguel Ángel Pichetto, busca compensar una caída real del salario docente del 19% registrada entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025. El texto establece un mecanismo de distribución automática de recursos para que el auxilio financiero llegue de manera directa al recibo de sueldo de los trabajadores de la educación.
La propuesta surge como respuesta a lo que los fundamentos del proyecto describen como un cuadro de "desfinanciamiento absoluto". Según el documento, la inversión educativa consolidada entre Nación y provincias sufrió una contracción de 1,9 puntos porcentuales del PBI respecto a los niveles de 2023. Esta retracción federal se manifestó en la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la suspensión de las paritarias nacionales.
Complementos directos y fondos de infraestructura
El núcleo del proyecto radica en la creación de un suplemento salarial para personal docente, directivo y no docente que preste servicios efectivos en escuelas estatales de nivel inicial, primario y secundario. Se proponen dos ítems específicos: el "Complemento federal", equivalente al 70% de los fondos asignados a cada jurisdicción, y la "Compensación federal", destinada exclusivamente a quienes se desempeñan en instituciones de alta vulnerabilidad. Los recursos provendrían del 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Para la asignación de estos fondos, el Banco de la Nación Argentina realizaría transferencias mensuales y automáticas a las provincias que adhieran a la ley. Los beneficiarios podrían percibir estos montos por hasta un máximo de dos cargos o 30 horas cátedra por persona. El sistema de liquidación se basaría en declaraciones juradas nominales presentadas por cada jurisdicción para garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad política.
Además del aspecto salarial, la normativa dispone la asignación, por única vez, de los remanentes no distribuidos del Fondo de ATN al 31 de diciembre de 2025. Estos recursos, estimados en $740.500 millones, se dividirían en un 75% para la mejora de infraestructura edilicia general y un 25% para el equipamiento y mantenimiento de establecimientos de educación técnica. Se priorizarán las obras que actualmente se encuentran paralizadas o neutralizadas en todo el territorio nacional.
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Compromisos jurisdiccionales y control federal
La adhesión de las provincias al régimen de fortalecimiento implica obligaciones estrictas, como no reducir el gasto educativo en términos reales respecto al momento de la firma. El proyecto define "términos reales" como el gasto nominal deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El incumplimiento de estas pautas o la falta de rendición de cuentas habilitaría a la autoridad de aplicación a suspender las transferencias de forma inmediata.
Los autores del proyecto destacaron que "la responsabilidad constitucional y legal del estado federal en asegurar la educación es indelegable, progresiva y no regresiva". En sus fundamentos, calificaron como una "incongruencia" que el Poder Ejecutivo declare a la educación como servicio esencial mientras desfinancia el sistema. Según el informe de Argentinos por la Educación citado en el documento, el presupuesto educativo nacional de 2025 es el más bajo de los últimos 20 años.
El listado de diputados que impulsan la medida incluye a representantes de diversas provincias, entre ellos Natalia de la Sota (Córdoba), Esteban Paulón (Santa Fe), Pablo Yedlin (Tucumán) y Marcela Pagano (Buenos Aires). El proyecto establece que, tras 36 meses de vigencia, la autoridad de aplicación deberá elevar un informe certificado al Congreso para evaluar si persisten los indicadores de emergencia o si se debe convertir el instrumento en una política permanente.
La autoridad de aplicación tendrá la obligación de remitir informes trimestrales detallando los montos transferidos, la evolución del salario real y el estado de las obras de infraestructura escolar.
MVS
