Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) denunciaron "persecución política" hacia Cristina Kirchner y manifestaron su "preocupación" acerca del proceso penal que se lleva adelante en el juicio por corrupción, donde la vicepresidenta enfrenta un pedido de condena.
"Llamamos a la reflexión a la comunidad académica, como a la ciudadanía en general, sobre los acontecimientos que se encuentran desarrollando por ante el TOCF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", comenzaron diciendo los docentes a través de un comunicado.
También sostuvieron que “las garantías constitucionales y el debido proceso son pilares esenciales para el desarrollo de la vida democrática”, en referencia a las acusaciones realizadas por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola sobre el caso que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
"Sin apego a la Constitución, las leyes y sin perspectiva de género, lo que se denomina Justicia se transforma en Venganza Patriarcal y quienes ejercen la magistratura se convierten en verdugos", afirmaron, al mismo tiempo que opinaron que esta situación "no puede tolerarse".
En ese sentido, manifestaron que existe “la aplicación arbitraria e irregular de figuras penales de contenido elástico” que presuntamente realizan los “grupos concentrados de comunicación” como "formidable instrumento de persecución política".
Además, en el documento que lleva las firmas de 60 profesores, entre los que se hallan Julio Cesar Alak, María del Carmen Aleman y Juan Amestoy, recordaron que en 2019 Naciones Unidas solicitó "informes al Estado Argentino sobre un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial".
Sobre ello, indicaron que en esa investigación han ocurrido "pocos avances" para asegurar "magistrados imparciales, libre de presiones políticas, económicas y mediáticas".
Comunicado completo de los docentes de la UNLP
"Las y los abajo firmantes, docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, expresamos nuestra profunda preocupación y llamamos a la reflexión a la comunidad académica, como a la ciudadanía en general, sobre los acontecimientos que se encuentran desarrollando por ante el TOCF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa judicial que vulgar y mediáticamente se la ha denominado como: “Causa Vialidad” u “Obra Pública”.
"El Estado de derecho, las garantías constitucionales y el debido proceso son pilares esenciales para el desarrollo de la vida democrática. Por ello no puede tolerarse que Agentes del Poder Judicial y/o del Ministerio Público, se aparten de esas premisas socavando gravemente a la Justicia y el sistema democrático.
"Sin apego a la Constitución, las leyes y sin perspectiva de género, lo que se denomina Justicia se transforma en Venganza Patriarcal y quienes ejercen la magistratura se convierten en verdugos. El Estado democrático de Derecho, que tanto sufrimiento le costó a la sociedad argentina parir, no puede ser puesto en una crisis institucional como la actual, por motivos políticos y/o facciosos.
"Quienes operan el sistema judicial, -ya sea Jueces/zas o Fiscales/las- deben interpretar las normas penales de la manera que más derechos acuerden a las personas sometidas a proceso, teniendo en cuenta los principios “Pro Homine” y de “ultima ratio” del Derecho Penal.
"La colonización de la subjetividad, operada por los grupos concentrados de comunicación, han naturalizado que jueces/zas y fiscales/as, se aparten de la normativa constitucional y legal, naturalizando la violación flagrante de garantías constitucionales durante el proceso, la aplicación arbitraria e irracional de figuras penales de contenido elástico que utilizan como formidable instrumento de persecución política, todo ello en marco de claros indicios de sospecha de parcialidad y falta de independencia de los cuadros judiciales intervinientes.
"En el año 2019, el Relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, solicitó informes al Estado Argentino sobre un plan sistemático de cooptación del Poder Judicial. Observamos ya pasados casi tres años de esa comunicación, pocos avances han existido a fin de asegurar magistrados imparciales, libre de presiones políticas, económicas y mediáticas. Ya es tiempo que se entienda que todos los órganos del Estado deben apegarse al Derecho. Jueces/zas y Fiscales/as, con mayor razón.
"Como educadores y educadoras de futuros profesionales del Derecho, tenemos la obligación de exhortar a las y los operadores judiciales, al apego inmediato a estos pilares fundantes de nuestra república. Hablar en un futuro sobre las anomalías del presente será tarde".
Firman: Alak Julio Cesar, Alba Najera Stefania, Aleman Maria del Carmen, Amestoy Juan, Amosa Fernando, Andreu Ricardo Cesar, Andriola Karina, Ares Valentina, Avalos Cecilia Ines, Baldi Eduardo, Barriviera Natalia, Bermejo Marisa, Bibiloni Homero, Cabral Pablo, Carriquiriborde Eugenia, Catanzaro Mariana, Catoggio Augusto, Cejas Veronica Amalia, Chaves Guillermo Justo, Cieza Daniel, Cuerda Agustina, Davico Lucas, De Andreis Matilde, De Luca Marcela, Desojo Emanuel, Echevesti Carlos, Echevesti Rosario, Erdman McDonald Geronimo, Fernandez Camillo Ignacio, Gomez Malena, Gonzalez Andrea, Guida Maria Eva, Henen Agustín, Hortel Victor, Leal Irina, Lolli Lucia Milagros, Lopes Cecilia, Lorat Martin, Lovelli Mariano, Manso Mariana, Marro Manuel, Marucci Carlos, Medici Alejandro, Miguez Maria Florencia, Moltrazio Carolina, Morente Juan Manuel, Napoli Paula Daniela, Negri Sebastian, Nizan Lisandro, Peluso Daniela, Placeres Pablo, Presa Gabriel, Raimundi Carlos, Sannen Mazzuco Josefina, Scorsetti Leonardo, Sisti Pedro, Sosa Mariela, Vargas Jonatan, Uranga Sebastián, Vazquez Vilela Danissa y Zamarreño Maria Eugenia.
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