El 7 de julio de 2018 se conoció la información que daba cuenta de que se había encontrado un paquete con un artefacto explosivo en Callao y Arenales. El ataque intimidatorio tenía como objetivo a José Luis Vila, hombre de las filas de Cambiemos, que había vivido allí hasta seis meses antes. La causa quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py, en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Guillermo Marijuán. A casi dos años del hecho, la principal novedad pasa por estas horas por Lomas de Zamora. Porque ese ataque fue prácticamente la puerta de entrada a la causa de espionaje ilegal que hoy investiga el juez federal de esa jurisdicción, Federico Villena, y entre cuyas víctimas se encuentran jueces, gremialistas, periodistas, políticos, y empresarios.
Sobre la intimidación a Vila comenzó declarando, en febrero pasado, el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, quien admitió haber dejado el paquete con el explosivo hace casi dos años. Rodríguez fue quien vinculó a lo que primero comenzó como una investigación de narcotráfico con el expediente que hoy acumula las pruebas de posible espionaje ilegal.
En su declaración, Rodríguez contó que buscando expandir su negocio de venta de droga en Lanús, conoció a un abogado - cuyas iniciales son F.M y su nombre se mantiene en reserva por la Ley de Inteligencia- que le aseguró que mantenía relaciones con “barras” de un reconocido club de fútbol, quien le habría manifestado que pertenecía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y según sus dichos “ese organismo de inteligencia podía darle cobertura e incluso le conseguiría una credencial de esa institución para que pudiera manejarse “con libertad””. Rodríguez agregó que fue ese abogado quien le habría dicho que necesitaba que lleve un “paquete” y lo “deje en un lugar”. Y que fue ese mismo abogado quien interrogó a Rodríguez respecto de si se encontraba en condiciones de asesinar a alguien por encargo.
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Rodríguez confesó que efectivamente llevó este paquete hasta la puerta de un edificio sobre la Avenida Callao y que al verlo se dió cuenta que se trataba de una bomba, pero que la persona que lo llevó hasta allí le explicó que se quedara tranquilo, que no podía explotar porque “la intención era darle “un susto” a alguien”. Contó que lo llevaron en un Peugeot 207 blanco. Que se bajó, dejó el paquete y se retiró de la escena.
Esa fue la intimidación a Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales de Defensa durante el macrismo. Vila fue quien esta semana realizó fuertes declaraciones esta semana en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación.
Con los datos aportados por Rodríguez se abrió la línea de investigación sobre el abogado y se logró determinar “que efectivamente se trataba de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia; en segundo lugar, que contaba con un Peugeot 208 color blanco (muy similar al modelo 207) y que tenía contactos con barras bravas de clubes de fútbol”, especificaron fuentes judiciales.
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A partir de eso se empezó a realizar tareas de seguimiento del abogado por parte de la justicia. Pero el abogado, por alguna filtración, tomó conocimiento de la investigación e interpuso una acción de habeas corpus en un Juzgado Nacional de la Capital Federal. “Ante la urgencia y el riesgo serio e inminente de pérdida de prueba valiosa para la investigación se ordenó el registro de los domicilios del investigado. Así, se secuestró su teléfono celular”.
De allí surgieron conversaciones donde daba cuenta de haber practicado tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones. También se descubrió un documento nombrado como “sustooo.doc” que contenía una descripción objetiva del suceso ocurrido con el artefacto explosivo mencionado por Rodríguez. Era el comienzo de la trama que en los próximos días acumularía novedades.
