El bochornoso caso de José López ayudó a apaciguar una tensión que venía en ascenso dentro de las filas de Cambiemos: la necesidad de aplicar medidas para aliviar a las clases medias que vienen sufriendo las dificultades de la inflación y la suba de tarifas. Hay un análisis bastante extendido dentro del Gobierno de que ese sector social, que justamente es su base de sustentación electoral, es el que menos políticas de contención recibió en este período de “sinceramientos”.
“Macri decidió aplicar una política de mayor gradualismo para dar protección a las clases más bajas, incluso a expensas de que les cueste más atravesar este momento a las clases medias, que son las que más lo votaron”, explica un funcionario radical.
Otra fuente de Cambiemos, en tanto, venía alertando que era necesario impulsar iniciativas para morigerar el impacto de los tarifazos y de la inflación para las clases medias, para las que la principal medida fue la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sin embargo, no toda la clase media se vio beneficiada por esa decisión.
Para las clases bajas, en cambio, analizan que el Gobierno impulsó una batería de medidas, como la extensión de la asignación por hijo para los monotributistas, la tarifa social para paliar las subas de los servicios públicos, el incremento del seguro de desempleo y el aumento de los planes sociales que venían desde el kirchnerismo.
Las clases medias, insisten, deben resistir sin ningún tipo de auxilio estatal. Cerca de Mauricio Macri, en cambio, aseguran que esos sectores se vieron mayoritariamente beneficiados por las paritarias y también por diferentes medidas que implementaron, como la actualización de las asignaciones familiares que cobran los empleados en blanco.
Además, la lectura que hacen desde el oficialismo es que, a pesar del esfuerzo actual que tienen que hacer las clases medias, van a verse rápidamente beneficiadas cuando se recupere la actividad económica. Y agregan al listado de medidas las líneas de crédito para pymes o para las economías regionales.
De todas formas, en el Gobierno no quieren dividir el análisis entre diferentes clases sociales y prefieren enumerar todas las políticas como un paquete de leyes sociales, que atraviesa a las diferentes clases. Un paquete que, según dicen, implica un desembolso de $ 120 millones.
Las quejas, no obstante, se calmaron en las últimas dos semanas, sobre todo desde que se conoció la noticia del ex número dos de Julio De Vido intentando esconder unos US$ 9 millones en un convento de General Rodríguez. Desde el punto de vista mediático, las noticias en torno a la inflación y el ajuste económico pasaron a segundo plano, y algunos funcionarios consideran que también las críticas.
Otra voz gubernamental, en cambio, contradice que el caso López haya generado un efecto en la opinión que se tiene del gobierno de Macri. “Nuestras encuestas pre-López y post-López muestran que sigue todo igual”, explicó. Pero agregó que “en todo caso, ayuda en el inconsciente colectivo para recordar de dónde venimos”.
“Si a mí me hubiesen dicho que Macri iba a gobernar con este compromiso social, habría peleado más fuerte por él en la Convención de Gualeguaychú”, concluyó el funcionario radical.
