Elisa Carrió presentó el pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti el 5 de abril. Seis días después, la Sala 2 de la Cámara Federal reabrió la causa por enriquecimiento ilícito contra la diputada. Su entorno une estos dos hechos con una parte del escrito acusatorio contra el juez de la Corte.
Se trata de los párrafos destinados a criticar el manejo presuntamente “oscuro” de la Dirección de Captación de Comunicaciones, la oficina de escuchas, que hasta hace dos años estaba bajo la órbita de la ex SIDE y ahora es controlada por la Corte Suprema.
Lorenzetti designó al frente de la oficina a dos camaristas: uno es Martín Irurzun; el otro, Javier Leal de Ibarra. Irurzun integra la Sala 2 de la Cámara Federal, la misma que reabrió la causa contra Carrió. Algunos jueces federales también creen que detrás de la guerra Carrió-Lorenzetti está la disputa por el control de las escuchas. En enero, antes de que explotara la pelea, la legisladora de la Coalición Cívica había advertido: “Me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje las escuchas en el país”.
En ese momento había aparecido una escucha entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli que pertenecía a una precausa abierta por la jueza María Servini de Cubría, quien había ordenado destruirlas. La filtración impulsó a Lorenzetti a pedirle a Irurzun un informe sobre la cadena de custodia de ese audio. El informe concluyó que de esa Dirección no se había filtrado. En el pedido de juicio político contra Lorenzetti, Carrió escribió que si bien el traspaso de las escuchas por decreto a la Corte en apariencia está ajustado a derecho, en la instrumentación se esconde un andamiaje que deja en manos del ministro de la Corte el manejo real del organismo a través de la designación de “sus colaboradores”.
Carrió desliza dos nombres: el del ex jefe de Seguridad de la Corte, que efectivamente pasó a la Dirección de Comunicaciones, y el del administrador del presupuesto del Poder Judicial, quien según la diputada es el encargado de seleccionar al personal de la oficina de escuchas. Además, cuestiona la falta de control y de concursos en un organismo sensible. Sin embargo, en la oficina, si bien no quieren desmentirla públicamente, aclaran que Lorenzetti no tiene influencia. Agregan que los cargos no son por concurso porque eso es así en todo el Poder Judicial. Y aclaran que hay auditorías.
El abogado Jorge Rizzo, que representa a Lorenzetti, advirtió que vincular al juez con las escuchas es “absurdo”. “La denuncia no tiene ningún asidero”, explicó. Y sobre la reapertura de la causa contra Carrió consideró que la diputada “tiene que dar explicaciones como cualquier otro ciudadano”.
