El Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), advirtió a los jueces y fiscales federales que ya no entregará pruebas de lavado de activos. El organismo antilavado del Poder Ejecutivo comunicó a los magistrados que modificará su rol en la Justicia y que se transformará en un actor de inteligencia. Los cambios son consecuencia directa de la ley de blanqueo de capitales y generaron un nuevo frente entre el Gobierno y un sector del Poder Judicial. También exponen la política del macrismo frente al lavado y el accionar de la Justicia, en un contexto en el que la Argentina no logra dar muestras de avances en la lucha contra los crímenes económicos y financieros.
La UIF viene realizando varias reuniones con jueces y fiscales federales para comunicar los cambios, según reconstruyó PERFIL en Tribunales y en el Gobierno.
Pocos magistrados salieron conformes de una de las últimas reuniones, donde confluyeron miembros de los fueros penal y penal económico. La nueva ley de blanqueo obliga a la UIF a proteger sus fuentes de información, que incluye desde bancos y entidades financieras hasta casinos, aseguradoras, escribanías y despachantes de Aduana, entre otros. Son los que están obligados a informar las operaciones sospechosas de sus clientes.
La UIF apunta a minimizar su rol en la “persecución penal” de los lavadores y concentrarse en la “prevención”, informó su titular, Mariano Federici, en diálogo con este medio. Como consecuencia, el organismo ya no entregará a la Justicia los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)–materia prima para probar una operación de lavado–, sino que informará su contenido, protegiendo el origen de la información. Hasta ahora, los ROS eran en sí mismos evidencia judicial.
“Antes la UIF no generaba informes con valor agregado, no hacía inteligencia y exponía a la fuente de información. Ahora habrá información de calidad que les permita llegar a la prueba y garantice a las fuentes que no quedarán expuestas”, afirma Federici.
¿Qué cambia para los jueces? “Ahora les implicará más trabajo. Los informes de inteligencia van a incluir datos sobre operaciones y van a sugerir las medidas para que los jueces consigan las pruebas”, argumentó Federici.
“Los cambios que plantean implican que vamos a tener que realizar exhortos dentro y fuera del país, órdenes de presentación y allanamientos para llegar a un dato que ellos tienen y te podrían dar”, sostiene un magistrado de Comodoro Py, que representa la opinión de varios de sus colegas. “Nuestro malestar no es porque tengamos que trabajar más, sino porque ponen trabas a la investigación. Es un mecanismo elegante para generar impunidad en un determinado grupo de poder”, agregó un colega del fuero penal económico. El mismo criterio fue manifestado por otros fiscales, jueces y camaristas consultados por PERFIL.
“Nos van a informar sobre las operaciones que ellos consideren sospechosas, pero no van a darnos pruebas. Quieren proteger la relación con otras UIF del exterior, especialmente con los Estados Unidos –que también funciona como fuente de inteligencia–. Pero a su vez quieren ser querellantes y tener acceso a las causas sensibles”, reflexiona otro magistrado presente en las reuniones.
Cambio de criterio. La UIF sólo investigará lo que considere “delitos de mayor gravedad, casos con una magnitud relevante de activos; casos transnacionales; y de alto nivel de complejidad económico-financiera”, dijo Federici. Los más críticos creen que con el nuevo modelo, la UIF suma poder para elegir discrecionalmente qué investigar y qué no. Consideran que los sujetos obligados, a su vez, tendrían menos presión para entregar información sobre sus clientes.
Los cambios también tienen un trasfondo político. Los bancos y otros sujetos obligados a informar sobre los movimientos sospechosos de sus clientes pasaron de ser “enemigos” a “aliados” del oficialismo. “Está surgiendo más información de parte de los informantes porque saben que vamos a proteger la fuente”, contestó el titular de la UIF, y apuntó a los resultados de las causas en la Justicia. “En los últimos 16 años, no se registraron más de 15 condenas en el país. En los Estados Unidos existen mil condenas de lavado por año; en Alemania, unas 500; y en Colombia, 300 sentencias por año”.
Un organismo siempre en la mira
El organismo antilavado viene siendo el blanco de críticas y sospechas, especialmente desde la gestión de José Sbatella, durante el kirchnerismo. El entonces titular de la UIF aún afronta causas judiciales por el supuesto uso discrecional de la información sobre los enemigos políticos del gobierno pasado. Además, rompió relaciones con su par estadounidense cuando el entonces funcionario entregó a la Justicia argentina información de inteligencia sobre la cuenta no declarada del fiscal Alberto Nisman en Nueva York.
Sin embargo, la actual gestión también afronta críticas. Este año, el organismo dio varios giros. Para empezar pasó de la órbita del Ministerio de Justicia al de Hacienda, al mando del ministro Alfonso Prat-Gay, quien promovió la ley de blanqueo de capitales.
En un escrito reciente, el juez federal Sebastián Casanello instó a la UIF a tener un papel más activo en la causa Panamá Papers contra el presidente Mauricio Macri y su familia.
Además, el organismo quedó en el centro de la escena luego de defender el decreto del Ejecutivo que permitió a familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo. Federici, actual titular de la UIF, asegura que “sólo se permitirá el blanqueo de bienes –no de efectivo– adquiridos por los familiares antes de que el funcionario asumiera en la función pública”.
