El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires iniciará acciones legales contra los activistas de Greenpeace, que esta mañana realizaron una protesta en el Obelisco porteño contra el PRO por la aplicación de la Ley Basura Cero. A través de la Procuraduría General de la Ciudad, la administración Macri denunció judicialmente a los militantes de la ONG ecologista.
De acuerdo a un comunicado del gobierno porteño, la Procuraduría denunció que los activistas "incurrieron en el delito de daño agravado al forzar los candados y las puertas de acceso a un monumento público y se resistieron a cumplir las órdenes impartidas por la Policía Federal para que depusieran su actitud".
La causa quedó a cargo de la fiscal contravencional de la Ciudad, Claudia Barcia. "El Gobierno deplora que una organización ambientalista internacional que proclama la defensa de una mejor calidad de vida haya incurrido en semejante actitud de desprecio y de agresión contra el derecho a la libre circulación y contra el espacio público", justificó la administración PRO.
Desde la Ciudad aseguran que Greenpeace "ha tenido siempre abiertos todos los canales institucionales para expresar libremente su postura sobre la Ley Basura Cero en las audiencias públicas celebradas en la Legislatura porteña cuando se analizó el proyecto que contiene el nuevo pliego para licitar los servicios de limpieza y recolección de residuos".
Greenpeace disiente. La protesta de esta mañana por la aplicación de la ley Basura Cero no es la primera. En julio pasado, la ONG "veló" la Ley 1854 vigente en la Ciudad desde 2007 por la imposibilidad del gobierno porteño de cumplir con la misma. "El ministro (de Espacio Público) Juan Pablo Piccardo habla del fracaso de la contenerización cuando ellos no han intentado absolutamente nada", señaló María Eugenia Testa.
Coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace, Testa aseguró en su momento que " Piccardo utiliza una lógica perversa, no está dispuesto a realizar una campaña pública de educación para el correcto uso de los contenedores y luego argumenta que la culpa es de los vecinos que no separan”. Ahora, tras una nueva protesta de la organización ambientalista, el PRO lleva el tema a tribunales.
