La suerte electoral que corran los presidenciables Mauricio Macri (PRO) y Daniel Scioli (FPV) en octubre, podría estar influida más por la lapicera del juez Sebastián Casanello que por las propuestas y el armado político que construyan las dos dirigentes políticos que aspiran a suceder a Cristina Fernández de Kirchner.
Es que los polémicos contratos que firmó el periodista Fernando Niembro con el Gobierno de la Ciudad meses antes de convertirse en candidato del PRO serán investigados bajo la figura de lavado de dinero por el magistrado, que ya acumula causas sensibles tanto para el kirchnerismo como para el macrismo.
La denuncia de la Procelac contra el periodista deportivo; el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dos ministros y un secretario de la Ciudad quedó en manos del Juzgado Federal Nro 7, que dirige el juez más joven de Comodoro Py 2002, llegado en 2013 con 37 años.
Casanello tomó notoriedad pública ese año, cuando se quedó con la instrucción de la denominada “Ruta del Dinero K” revelada por el periodista Jorge Lanata en Periodismo Para Todos. El cofundador de Página/12 apodó de “tortuga” al magistrado por su lentitud para ordenar indagatorias, allanamientos y otras medidas de investigación.
De hecho, a más de dos años de comenzada la pesquisa, no hay detenidos por los supuestos delitos confesados frente a la TV por dos de los protagonistas. El financista Federico Elaskar está libre y el empresario mediático Leonardo Fariña se encuentra detenido pero otra causa de evasión impositiva.
Otro expediente de peso que manejó Casanello fue uno de los que apuntó directamente contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. El magistrado procesó al funcionario kirchnerista por enriquecimiento ilícito, al comprobar que usaba dinero proveniente de dádivas para obtener bienes personales. En julio de 2014, Casanello determinó que otros dos delitos por los que investigaba al exsecretario de Transporte habían prescripto. El juez investigaba el uso particular de dos autos que estaban afectados al control de una autopista y al de una obra pública ferroviaria.
El juez asumió su nuevo cargo con una causa de extrema sensibilidad para el PRO: la de escuchas ilegales por la que está procesado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Su padre Franco Macri reconoció que fue él quién mandó a investigar al marido de su fallecida hija, Néstor Daniel Leonardo.
El juez rechazó todos los pedidos de sobreseimiento que solicitó la defensa de Macri. En enero, el magistrado argumentó que necesitaba antes analizar unos informes que había pedido a Estados Unidos relacionados con la empresa Ackerman Group LLC Security & Investigative Consultants.
Además, consideró que “no hay nada que pruebe” que fue efectivamente Franco Macri quien mandó a espiar a su yerno y no el funcionario porteño. Por ese motivo, el líder del PRO enfrenta el período electoral estando procesado en la justicia federal.
Ahora, Casanello tendrá otro expediente de peso en la que tanto el macrismo como el kirchnerismo tienen sus ojos. Será él quien instruya las primeras medidas de prueba para determinar si existió o no lavado de dinero en los millonarios contratos que firmó Niembro con la administración porteña.
En el PRO están convencidos de que una orden de allanamiento de peso a días de las elecciones generales de octubre podría llegar a complicar el resultado de las urnas, sobre todo en el bastión electoral de la Provincia de Buenos Aires, donde el periodista encabeza la boleta de diputados. Es una carta importante que tiene el juez. Sólo Casanello sabe si será usada.
