POLITICA
EXILIADO EN ARGENTINA

El radicalismo aumenta la presión para quitar a Evo Morales el estatus de refugiado

Con su promesa de formar "milicias armadas", el expresidente boliviano "demostró no tener ningún interés en cumplir con las obligaciones que le impuso el país al momento de su ingreso", dicen.

radicales evo morales
Las declaraciones políticas de Morales "confrontan directamente con lo que dispone el artículo 36 de la Constitución", dice la UCR. | CEDOC

Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron este miércoles un proyecto para quitar al expresidente de Bolivia Evo Morales el estatus de refugiado por promover la creación de "milicias armadas" en su país.

Los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Gustavo Menna y el Luis Petri sostienen que las recientes declaraciones de Morales suponen "una franca violación a los principios constitucionales y democráticos vigentes" en Argentina.

En este sentido, argumentaron que estas palabras "confrontan directamente con lo que dispone el artículo 36 de la Constitución e instrumentos internacionales de jerarquía supralegal que repudian la violencia armada".

Esto no le gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

"Además, contradicen también lo dispuesto en los artículos 2 del Estatuto de los Refugiados adoptado en Ginebra en 1951 y 16 de la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado", agregaron.

“Evo Morales junto a cuatro ex miembros de su gobierno se encuentran en asilo en nuestro país desde el 12 de diciembre de 2019 mientras se tramita la solicitud de refugiado”, explicaron los legisladores. “El citado marco normativo establece que los asilados pasarán a tener el estatus definitivo de refugiados una vez que el trámite que se realiza ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) haya concluido”.

Por su parte, Cornejo remarcó que los latinoamericanos "han pagado caro la violencia política".

"No creo que estas manifestaciones de Evo Morales ayuden en lo más mínimo a la paz interna en Bolivia. “Los latinoamericanos hemos pagado caro la violencia política y estas manifestaciones de Evo Morales no creo que ayuden en lo más mínimo a la paz interna de Bolivia. Es una provocación innecesaria”, agregó el exgobernador mendocino.

Petri dijo además que "es incomprensible que el Gobierno sostenga la condición de refugiado a Evo Morales cuando ha demostrado no tener ningún interés en cumplir con las obligaciones que le impuso el país al momento de su ingreso".

“Creemos que el status de asilado y, con más razón aún, el de refugiado, es incompatible con las manifestaciones que ha expresado Evo Morales, en el sentido de convocar a armas milicias populares en su país.”, manifestó por su parte Gustavo Menna.

“El Sr. Evo Morales ha vulnerado las reglas a las que debe someterse en su doble condición de asilado y de peticionante del beneficio de refugiado. Es por ello que solicitamos que el Poder Ejecutivo tome urgente intervención disponiendo el cese del estatus de asilado y a la CONARE la denegación de la concesión del beneficio de refugiado”, señalan los legisladores en la presentación publicada en el sitio web de la UCR.

En declaraciones difundidas por una radio boliviana, Morales apuntó que fue "un error garrafal" no contar con un "plan B" para sofocar las revueltas tras las elecciones del 20 de octubre, que a la postre terminaron desencadenando su dimisión y su salida del país.

"Si de acá a poco tiempo, si volviera, hay que organizar -como en Venezuela- milicias armadas del pueblo", aseguró, ya que, en su opinión, se produjeron actos violentos sin que la Policía actuara.

Durante la jornada del martes, la ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, envió una carta a su homólogo argentino, Felipe Solá, en la que solicitó al gobierno de Alberto Fernández, que repudie las palabras de Morales.

Longaric consideró que las declaraciones llaman a la "violencia" contra el Gobierno interino de la presidenta, Jeanine Áñez, y el pueblo boliviano, y constituyen, a su juicio, "graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e, incluso, configuran terrorismo".

DS