El Senado de la Nación iniciará este miércoles el debate de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades que busca modernizar el régimen societario argentino y reducir significativamente la intervención estatal en la organización y funcionamiento de las compañías. Entre otras cosas, permitiría la creación de empresas sin humanos y basadas en inteligencia artificial.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, introduce cambios que abarcan desde la digitalización total de los trámites societarios hasta la incorporación de nuevas figuras empresariales operadas mediante inteligencia artificial y tecnología blockchain.
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El tratamiento comenzará a las 15:30 en el ámbito de la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora libertaria Nadia Márquez. La reunión tendrá carácter informativo y contará con la presencia del ministro Federico Sturzenegger, quien expondrá los principales lineamientos de una iniciativa que busca modificar una normativa vigente desde 1972.
Junto al funcionario también asistirán la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, quienes brindarán detalles técnicos sobre los alcances de la reforma.
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Uno de los ejes centrales del proyecto es el cambio de enfoque respecto del rol del Estado en la regulación societaria. Según los fundamentos de la iniciativa, se pretende poner fin a la tutela estatal sobre la forma en que los socios organizan sus negocios. De esta manera, las disposiciones legales pasarían a tener un carácter principalmente supletorio, otorgando mayor peso a lo que establezcan los estatutos de cada empresa.
En ese marco, la propuesta establece que las restricciones impuestas por organismos estatales deberán ser excepcionales y de interpretación restrictiva. Además, los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten facultades expresamente permitidas por la ley. El objetivo declarado es reducir cargas burocráticas y brindar mayor libertad a quienes constituyan sociedades comerciales.
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Otro de los aspectos destacados es la creación de nuevas figuras jurídicas adaptadas a los avances tecnológicos. Entre ellas aparece la denominada “Sociedad Automatizada”, una estructura empresarial que podría operar de manera ordinaria mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con empleados para el desarrollo habitual de sus actividades.
Asimismo, el proyecto reconoce las denominadas Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés), entidades que funcionan de forma total o parcialmente autónoma mediante sistemas informáticos. Estas organizaciones suelen utilizar tecnología blockchain para registrar operaciones y distribuir participaciones representadas mediante tokens digitales.
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La reforma también plantea una flexibilización significativa respecto del objeto social de las empresas. Actualmente, muchas sociedades deben mantener una relación entre las actividades que desarrollan. Con el nuevo esquema, el objeto social podrá ser amplio y abarcar múltiples actividades sin necesidad de que exista conexidad entre ellas, otorgando mayor libertad para diversificar negocios dentro de una misma estructura societaria.
En materia de resolución de conflictos, la iniciativa incorpora herramientas utilizadas habitualmente en operaciones comerciales internacionales. Los socios podrán acordar que determinadas controversias internas sean resueltas bajo normas de derecho extranjero o del derecho mercantil internacional. Además, podrán incluir cláusulas arbitrales en los estatutos para evitar la intervención de la Justicia ordinaria y recurrir a mecanismos alternativos de resolución de disputas.
La digitalización constituye otro de los pilares del proyecto. La propuesta habilita la utilización de domicilios electrónicos, libros societarios digitales, registros electrónicos y la realización de asambleas a distancia. También permite la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa.
Según los fundamentos de la iniciativa, estas modificaciones buscan adaptar el régimen legal a una realidad en la que muchas organizaciones operan a través de plataformas digitales, equipos remotos o estructuras distribuidas geográficamente. En ese sentido, se incorpora formalmente la figura de la sede electrónica, reconociendo que la presencia física ya no es el único elemento que define el funcionamiento de una empresa.
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El proyecto también amplía las posibilidades para integrar el capital social. Además de los aportes tradicionales, podrán incorporarse bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones económicamente valorables y obligaciones de dar o hacer, de acuerdo con el tipo societario y la normativa aplicable.
Esta ampliación apunta a reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos y digitales que hoy tienen un peso creciente en la economía moderna. De esta manera, desarrollos tecnológicos, propiedad intelectual, derechos digitales y otros activos no tradicionales podrían formar parte del patrimonio inicial de las nuevas sociedades.
CS/ff
