El secretario de Obras Públicas, José Francisco López, intentó en vano que la Justicia cerrara la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su contra. Además, cambió su defensa y nombró al abogado del vicepresidente Amado Boudou, el penalista Diego Pirota, del estudio de Darío Richarte, ex número dos de la SIDE durante el gobierno de la Alianza.
La Sala II de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, rechazó por “inadmisible” un pedido de López para que se cierre el expediente que instruye el juez federal Daniel Rafecas. La defensa de López había pedido que el funcionario a cargo de una de las cajas más importantes del gobierno K ya no fuera investigado por “falta de acción”, a pesar de que desde hace meses se siguen nuevas pistas.
El fiscal federal Federico Delgado incorporó nuevas pruebas al expediente y pidió que se investigue si López está conectado con tres fideicomisos y una inmobiliaria que comparten domicilio con La Araceliti, la empresa del funcionario en Tucumán.
Entre los compañeros de oficina de La Araceliti hay una inmobiliaria y tres fideicomisos. Dos de estos últimos son fideicomisos de administración de edificios en San Miguel de Tucumán. Un tercero se denomina Fideicomiso Fidecaña, que se dedica al cultivo, cosecha mecánica y venta al por mayor de azúcar, el mismo rubro de La Araceliti.
Además, Rafecas pidió a la Unidad de Información Financiera de Brasil que informe si el funcionario tiene empresas o movimientos bancarios en cuentas en ese país.
