La causa contra Lázaro Báez tuvo un viernes agitado. El juez federal Sebastián Casanello tomó dos decisiones en el expediente: ordenó trabar embargos preventivos a 1.500 propiedades del empresario, su hijo y sus empresas, y el resto de los imputados; y resolvió declararse incompetente en un tramo particular de la investigación que engloba los delitos relacionados con la obra pública.
Casanello seguirá a cargo de la investigación por presunto lavado de dinero pero pidió que el juez Julián Ercolini incorpore a su causa sobre una presunta asociación ilícita en el manejo de la obra pública la línea del caso Báez sobre cómo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gabinete a cargo de la obra pública -incluidos el ex ministro Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas José López- habrían favorecido al empresario patagónico. Ercolini citó esta semana a la ex presidenta, a Baéz, De Vido y otra veintena de sospechosos a declaración indagatoria por este hecho.
En el caso Báez, Casanello determinó ayer junto al fiscal Guillermo Marijuán cuáles son los bienes de la familia Báez y sus cómplices en la supuesta maniobra de lavado y ordenó trabar embargos. Sólo en el caso de Lázaro, se embargaron 88 propiedades, 5 autos y las acciones de 19 sociedades. A Martín Báez se le confiscarían 13 inmuebles y acciones en 26 empresas. También se avanzó sobre los vehículos y propiedades de 13 firmas de la familia. La medida alcanza incluso al titular de la financiera suiza Helvetic Service Group, Néstor Marcelo Ramos, a quien le embargaron dos propiedades.
Frentes. La decisión de Casanello de enviar un tramo de la causa al juez Ercolini llegó después de la recomendación del fiscal Marijuán. Luego de que su colega Gerardo Pollicita pidiera la indagatoria de CFK y sus funcionarios por las obras públcias, las pruebas necesarias para sostener que Báez lavó dinero de la corrupción comenzaron a fortalecerse.
Si Ercolini y Pollicita logran probar que existió un circuito corrupto para favorecer a Báez en la distribución de la obra pública, Casanello ya no tendrá que seguir buscando un delito precedente. Ayer, además, Báez debió declarar en indagatoria por supuesta evasión de los aportes jubilatorios de sus empleados.
El empresario informó a la Justicia la posibilidad de acogerse a la moratoria fiscal, que lanzó el gobierno de Mauricio Macri, por este delito.
Embargan 1500 propiedades de familiares e imputados
El juez resolvió declararse incompetente en un tramo particular de la investigación que engloba los delitos relacionados con la obra pública.
