Las prisiones fueron uno de los objetivos de las presuntas escuchas ilegales que se habrían realizado durante el gobierno de Cambiemos. En particular se apuntó al penal de Ezeiza, donde se encontraban detenidos varios exfuncionarios y dirigentes kirchneristas, como Amado Boudou. Este lunes 8 de junio, el abogado del exvicepresidente, Alejandro Rúa, amplió una denuncia ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pidió que se reclame al Estado Nacional la "destrucción de los registros" de esas comunicaciones.
Por estas horas, la hipótesis que maneja la Justicia es que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La investigación pone la lupa el accionar de la AFI macrista, que tuvo en su conducción a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya que los elementos que constan en la causa sobre el espionaje datan de esa fecha. Por ese motivo, el abogado que representa a Boudou solicitó que "se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios".
Según publicó Télam, en el texto remitido al relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Diego García Sayán, se solicitó "la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad, que debe preservarse en todo momento, como un principio que hace a las garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio".
Rúa había hecho ya una primera presentación, pero ahora la amplió y reiteró un pedido de intervención de esa Relatoría Especial para que reclame del Estado argentino "toda la información necesaria respecto de la violación de derechos denunciada". Además, mencionó los preceptos del Código de Ética para la abogacía y reclamó que "se promueva la investigación de las violaciones denunciadas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y se adopten medidas contra quienes aparecen como sus responsables".
Otro de los que habría sido víctima de las escuchas en el penal de Ezeiza es el empresario Fabián De Sousa, quien denunció que, si bien "no teníamos indicios, temíamos la situación, algunos comentarios, en los cuales creíamos que estábamos siendo escuchados, grabados".
"El personal de lo que se llama el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal estaba infiltrado entre el personal que tenía trato con nosotros e informaba de manera permanente acerca de nuestras actividades", afirmó De Sousa en una entrevista a Radio 10.
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