A pesar de que arrancó la feria judicial de verano, la causa que investiga la reunión de la denominada "Gestapo" antisindical sigue su curso. Es que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, viene de ordenar una serie de allanamientos a varios de los funcionarios que estuvieron en la reunión del Banco Provincia. A su vez, en las últimas horas decidió rechazar el pedido para ser querellante del gremialista docente Roberto Baradel.
La información fue confirmada a PERFIL por fuentes judiciales que indicaron que el magistrado analizó la petición que días atrás había hecho el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Baradel, a través de su representante legal, había planteado que la organización sindical que encabeza fue víctima del espionaje ilegal y persecución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos.
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En declaraciones a Página/12, el representante gremial dijo que la supuesta persecución del gobierno macrista se tradujo a través de una causa judicial y también denunció que sufrió "linchamiento mediático", algo que también fue planteado en el pedido al juez federal de La Plata. "En el caso del Subeba armaron una causa contra una compañera nuestra, maestra, representante docente del IOMA. Y durante todo el gobierno macrista tuvieron una acción sistemática de linchamiento mediático, deslegitimación y ataques a los docentes", dijo Baradel.
Para el gremialista, eso debía investigarse y formar parte del expediente que se inició tras la denuncia de la intervención de la AFI y los videos de la reunión entre funcionarios políticos, empresarios y espías. Sin embargo, de acuerdo a lo que confirmaron a este medio las fuentes consultadas, el juez decidió rechazar el pedido por no adecuarse al objeto procesal.
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Por otro lado, el titular del Juzgado Federal N°3 de la capital provincial, a cargo de la causa, decidió remitirle a la fiscala Ana Russo el pedido para ser querellante que presentó el ex jefe de Gabinete bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez.
En su planteo, el dirigente también alegó haber sido víctima de tareas de espionaje y realizó una serie de pedidos para que se investigue el accionar de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, de su ex jefe de Gabinete, Federico Salvai, y del procurador Julio Conte Grand.
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La misma decisión tomó el magistrado respecto de la presentación que hizo un dirigente sindical de Bahía Blanca. Se trata de Guillermo Molina, secretario de Finanzas de la UOCRA Bahía Blanca, quién también denunció haber sido víctima "de la misma persecución que sufrió el "Pata" Medina", según dijo en C5N.
Mientras tanto, sigue pendiente una decisión del juez en torno a la recusación que le hizo el ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, uno de los espías que aparece en el video aportado por la interventora del organismo de inteligencia, Cristina Caamaño. La firma de una resolución a ese planteo sería inminente, según supo este medio.
El planteo defensivo de Di Stéfano contra el accionar del juez es interpretado como un primer intento para impulsar el cambio de jurisdicción del expediente, es decir, que en vez de investigarse en La Plata, pase Comodoro Py. Y uno de los argumentos de los que se podrían agarrar quienes pretenden que la causa sea investigada en territorio porteño es que en los tribunales de Retiro hay radicada una denuncia de Juan Pablo "Pata" Medina, por supuesto tráfico de influencias contra el ex presidente Mauricio Macri y contra Vidal.
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Medina, que días atrás fue aceptado como querellante, había presentado la denuncia en noviembre de 2019 y quedó radicada en el Juzgado Federal N°6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, con Carlos Stornelli como fiscal. A propósito, Kreplak ahora pidió certificar en esa causa luego de la denuncia que presentó Medina contra ese fiscal por supuesto encubrimiento a los funcionarios en la investigación.
El fallido allanamiento al senador Allan
En tanto, ayer la Gendarmería recurrió a la sede del Senado bonaerense para llevar a cabo el allanamiento al despacho del senador Juan Pablo Allan, uno de los presentes en la reunión entre funcionarios, empresarios y espías, pero no se pudo llevar a cabo.
Es que a pesar que supuestamente el senador había manifestado su conformidad, hubo una orden del Departamento de Legales que se frene el procedimiento ya que para ingresar al despacho del senador era necesario contar con el aval del cuerpo.
Ante eso, desde el bloque Frente de Todos publicaron un comunicado en el que difundieron una auto convocatoria para que el martes a las 14 se trate el pedido de acceso a las oficinas. De acuerdo a lo que aclararon fuentes parlamentarias, "no se trata de sacarle los fueros a Allan", sino que es una mera autorización. Para que la autorización avance se necesita constituir el quórum y que haya mayoría simple.
Una vez que eso ocurra, el juez firmaría una nueva orden para ingresar a las oficinas.
RI cp
