El Gobierno de Mauricio Macri salió una vez más a dar marcha atrás con una de sus medidas. Esta vez, luego del repudio de la mayoría de los sectores políticos, fue el caso de la eliminación de las 70 mil pensiones por discapacidad. Sin embargo, dicha operativa se ha repetido ya en varias decisiones del oficialismo en el año y medio de gestión.
El primer caso sucedió cuatro días después de que Macri asumiera la presidencia. El 14 de diciembre de 2015 el mandatario decidió designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Pero eso era tan sólo un adelanto de un modus operandi que el Gobierno repitió en distintos momentos. En tan sólo 16 meses de gestión son numerosas las ocasiones en las que por presión política o social debieron recular en sus medidas: tarifazo de luz y gas, feriado del 24 de marzo, decreto por las ART, así como el acuerdo con Correo Argentino y con Avianca por conflictos de intereses, son algunos de los casos más recordados.
Para el publicista Fernando Braga Menéndez, quien dialogó telefónicamente con Perfil, la indecisión del gobierno marca dos lecturas para la gente, según su postura política: "Por un lado puede ser una irresponsabilidad absoluta, de no planificar las cosas, no haberlas tenido estudiadas y tener que implementar un sistema de prueba y error. Y por el otro lado sería decir 'qué correcto esto de corregir el error y planificar sobre la marcha'. 'Qué honestidad'. Los opositores deben tomar la primera postura y los oficialistas la segunda".
Y agregó que para su consideración "hacerse cargo de una nación y estar experimentando, definitivamente está mal. Hay que estudiar los problemas, estudiar sus contras, considerar las reacciones y los efectos que va a tener cada decisión y actuar en función de eso. No se puede experimentar con 42 millones de personas porque en el medio la gente sufre. Y además el Gobierno pierde apoyo de la gente ante la inseguridad en las decisiones. De todos modos creo que si se perjudica a la gente es mejor dar marcha atrás que persistir con el error".
Para José María Rodríguez Saráchaga, experto en comunicación que trabajó con Mauricio Macri entre 2007 y 2010 -cuando era gobernador de la ciudad- el problema no radica en las medidas que toma Cambiemos sino en cómo comunican a la gente sobre las decisiones tomadas.
"Yo pienso que hay una falta de capacidad para comunicar. Se manifiesta en varios temas. Cuando salieron a defender el tema de los Panamá Papers, si vos decís Mauricio Macri es el presidente más transparente de la historia, de última vendrán los radicales a nombrarte a Illia o Alfonsín. Macri queda metido en una bolsa con Illia y con Alfonsín. En cambio, si vos decís 'Mauricio no tiene nada que ocultar en los Panamá Papers', la gente se queda con las palabras 'Macri, Panamá Papers, ocultar'. Lo metiste en una bolsa con Cristina. La forma en la que comunicás algo hace que la reacción de la gente ante un mismo hecho sea distinto. Si te digo que hay 15 millones de pobres suena de otra manera a que si te digo que hay un 30% de pobres como también suena de otra manera si decís que uno de cada tres no come", explicó el orador a este portal.
Y detalló cómo tendría que haber planteado el oficialismo la decisión de la quita de 70 mil pensiones por discapacidad: "Si vos el día uno comunicás el descubrimiento de que hay 2 millones de personas que reciben subsidios por discapacidad. Es raro porque ningún país del mundo tiene ese porcentaje. El día dos decís que parece haber una maniobra turbia con el caso porque pareciera haber cierto clientelismo encubierto. 'De hecho detectamos una anomalía de que con 80 mil personas hay 120 mil subsidios'. El día número tres decís 'bueno evidentemente llegamos a la conclusión que sí, hay clientelismo encubierto y estamos analizando el caso'. El día cuatro la gente sale a manifestarse pidiendo que por favor se den de baja los subsidios. Ahora si vos vas el día uno y decís dimos de baja 70 mil subsidios por discapacidad, no hay forma de que no quedes como el estrangulador de Boston", apuntó Rodríguez Saráchaga.
De todos modos, para Rodríguez Saráchaga la marcha atrás no es del todo mala: "Siempre genera una situación de incomodidad. Siempre genera la imagen de falta de idoneidad, de falta de capacidad. Pero tiene algo a favor que es que el gobierno anterior defendía todo. Como en gobierno anterior nunca reconocía nada, este gobierno puede hacer de reconocer errores una virtud. Aunque no lo sea. Porque el gobierno anterior se lo permite".
Las "marcha atrás" más resonantes:
Cuatro días después de asumir Mauricio Macri desató la primera polémica al nombrar con un Decreto de Necesidad y Urgencia a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las críticas no se hicieron esperar y el Gobierno resolvió seguir el procedimiento que marca la normativa vigente y realizar el nombramiento a través del Congreso.
En 2016 la marcha atrás del tarifazo de luz y gas aplicado por el ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren fue quizás la que más erosionó al Gobierno por el malestar que generó en la sociedad. Tras un ida y vuelta de medidas cautelares el Gobierno moderó las subas y convocó a audiencias públicas.
El decreto que convirtió al feriado del 24 de marzo en feriado "movible", también duró poco tiempo. Tras el reclamo de organismos de Derechos Humanos y de un amplio sector de la sociedad el Gobierno decidió deshacer la medida.
La adjudicación de rutas aéreas a la empresa Avianca también fue borrada de un plumazo luego de que se constatara un posible conflicto de intereses. La adjudicación generó suspicacias tras hacerse público que Avianca había adquirido en 2016 la firma Macair Jet, del grupo económico de Franco Macri.
Tal como pasó con el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema, el Gobierno también tuvo que suspender un DNU que reformaba del sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). A pesar de que el proyecto contaba con media sanción del Senado, el presidente intentó saltearse el paso legislativo modificando la ley con un DNU, pero fue obligado a recular.
Macri también tuvo que salir a anunciar que su gobierno arrancaría "de cero" las negociaciones con Correo Argentino, luego de que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitiera un dictamen que lo calificaba como muy perjudicial y "abusivo" para el Estado. El acuerdo era para negociar el pago de la deuda que la empresa postal había adquirido con el Estado, cuando era manejada por el padre del presidente, Franco Macri.
Los jubilados también fueron de la partida cuando el Gobierno decidió modificar la fórmula con la que se calcula el aumento de sus haberes. También, en este caso el "error" fue corregido.
