El Gobierno profundizó la tercerización de su política social en un grupo de organizaciones territoriales, con predilección por la CTEP. Tras haberlas habilitado para manejar los fondos destinados a insumos del plan Argentina Trabaja, ahora el macrismo las subcontrató para que concreten un relevamiento en cuatro mil villas y asentamientos del país, donde viven alrededor de un millón de familias. Unos cinco mil militantes de esos movimientos (CTEP, CCC, Barrios de Pie, Techo y Cáritas) ya empezaron una especie de censo popular, a cambio de $ 55 por encuesta.
Un millón de encuestas a ese precio suman en total unos $ 55 millones que desembolsará el Estado para los piqueteros.
De ahí surgirá el dato sobre la cantidad de chicos que podrían (y hoy no lo hacen) acceder a la Asignación Universal por Hijo. Las organizaciones sociales estiman ese número en casi cien mil chicos. A través de este acuerdo de bajo costo para el Estado, el macrismo confirmó su decisión de utilizar el know-how de las organizaciones (con la excepción de las kirchneristas, como La Cámpora o Kolina), en reemplazo parcial del despliegue estatal. Así, por vía de esa tercerización apunta a conseguir un beneficio indirecto: paz social, justo cuando falta casi un mes para diciembre, con sus fantasmas de conflictos callejeros incluidos.
Antecedente: Argentina Trabaja
“No comprometerse en nombre del Estado. Las soluciones a los problemas de la gente no dependen únicamente de nuestra voluntad!!!”, recuerda uno de los instructivos realizados por las agrupaciones, con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley.
Con pecheras, mapas y un celular con la aplicación (se consulta información sobre empleo y composición familiar), los cinco mil militantes ya empezaron la primera ronda del relevamiento. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (especie de gremio de trabajadores precarizados, cercano al Papa e integrado por el Movimiento Evita) puso el grueso de la tropa: tres mil. El resto responde a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la ONG Techo y Cáritas. El Gobierno les pagará 55 pesos por encuesta cargada: 40 para el censista y 15 para su organización.
Con un 10% de las cuatro mil villas y asentamientos relevado, se detectó (con datos de la Anses) que siete mil chicos podrían cobrar la AUH. “Estimamos que unos 90 mil chicos están en condiciones de cobrar la Asignación”, revela el líder de la CTEP, Juan Grabois.
“No siempre vamos a estar de acuerdo, pero sí en cuál es el objetivo a largo a plazo”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante los dirigentes sociales. Fue en el Museo de Casa Rosada, durante la reciente presentación del Relevamiento de Barrios Populares, del que participaron la ministra Stanley; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
Manejos. “Si no hay organizaciones detrás, las políticas públicas no llegan. Pero eso no va a ir en contra de los reclamos que tengamos que hacer, sobre todo contra el manejo económico del PRO”, opina el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. Rechaza así las versiones sobre una domesticación de los movimientos a cambio de espacios de poder (más que la plata). A diferencia de otras áreas, el macrismo mantuvo el trazo grueso de las medidas sociales del kirchnerismo. Pero con una salvedad: si el FpV pretendía seducir a las organizaciones para sumarlas a su proyecto, el macrismo prefiere desligarse y entregarles llave en mano una buena parte de la aplicación de sus políticas.
Antes del acuerdo para realizar el Relevamiento de Barrios Populares, el macrismo había hecho otra importante concesión a las organizaciones sociales: les había dado el manejo de los fondos para la compra de herramientas e insumos del plan Argentina Trabaja. Ese programa alcanza a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias. Destinado a desempleados sin subsidio social, a excepción de la AUH, el plan apunta a que los trabajadores se asocien en cooperativas y realicen tareas de mejora de infraestructura, limpieza y trabajos en talleres. Fue creado en 2009, y el PRO aumentó las cifras (de $ 2.600 a $ 3.120) e introdujo una especie de puenteo a ciertas intendencias. Así, la CTEP (vinculada al Movimiento Evita, que rompió con el kirchnerismo hace unos meses) pasó a controlar 17 de esos entes.
