En un año, la suba del índice de precios que mide el Indec alcanzó el 48,5%. En esa misma medición, el incremento en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue incluso superior y llegó al 49,6%. Pero al Gobierno la compra de alimentos necesarios para atender las demandas de los comedores, que se exacerbó con la crisis económica, le terminó saliendo aún más cara: la inflación que tuvo que hacer frente Carolina Stanley desde el Ministerio de Desarrollo Social fue del 64%.
Así surge de analizar las licitaciones y contrataciones directas de alimentos que su organismo debió realizar el segundo semestre de este año, cuando se empezó a recalentar la inflación producto de la fuerte devaluación. Es una canasta de trece alimentos que sufrieron aumentos muy por encima de la inflación si se las compara con las licitaciones realizadas por esos mismos productos durante 2017. El número podría ser aun mayor porque todavía no se adjudicaron licitaciones que comenzaron en noviembre y diciembre, con los productos ajustados ya a la elevada inflación que se sufrió en septiembre y octubre.
A pesar de que el Gobierno asegura haber reaccionado a tiempo y logrado proveerse de los productos necesarios para hacer frente a una mayor demanda de alimentos, lo preocupante de estas cifras es que se tratan de productos típicos de la canasta alimentaria de los sectores más bajos.
Todo esto en un contexto en el que la Universidad Católica Argentina dio a conocer esta semana que la pobreza, según sus mediciones, aumentó al 33,6%, lo que representaría que hay 13,6 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza. Es la cifra más alta desde que asumió Mauricio Macri.
El Gobierno tiene recursos para hacer frente a precios por las nubes. Los sectores más bajos no. “El ministerio estuvo alerta y atento, reaccionó rápido cuando empezó la crisis en abril”, explican desde la Casa Rosada. Y agregan: “Stanley se preocupó para que antes de que estalle la conflictividad el ministerio esté cubierto y tenga los alimentos necesarios para reforzar en los comedores”. Tanto fuentes oficiales, como de los movimientos sociales o instituciones de bien público, coinciden con que hubo un marcado aumento de asistencia a los comedores populares.
Por las nubes. El fideo seco guisero es lo que más aumentó: 249%. En 2017, al Gobierno le había costado comprarlos $13,90. Ya en mayo el precio subió a $ 27,30 y en septiembre se disparó a $ 48,50. La harina de trigo y el aceite completan el podio de los productos con más subas (186% y 159%, respectivamente).
Según la Universidad Católica, hay 13,6 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza.
A la hora de armar la canasta navideña, los funcionarios también se encontraron con fuertes aumentos. El maní garrapiñado le costó un 95% más al Gobierno, mientras que el pan dulce un 71% y el turrón el 61%.
Vale aclarar que el precio que paga cualquier gobierno suele ser inferior al del ciudadano común. Ya que el Ejecutivo logra conseguir mejores precios al hacer grandes licitaciones, es comprensible que los comedores tengan mayor demanda y por ende se deba reforzar el abastecimiento. En ese marco, el Gobierno negocia desde hace varios meses para evitar un diciembre convulsionado. “Cuando todos hablan de un diciembre tan temeroso, nosotros sentimos que estamos un poco más cubiertos, si querés cubrirte sobre la hora no llegás”, explican. Un funcionario que esta semana estuvo reunido con Stanley se mostró optimista respecto a la calma de fin de año. “Toco madera”, reaccionó, rápidamente, para evitar festejar antes de tiempo.
Es que los números no dan lugar al optimismo. En la Rosada creen que la inflación va a seguir bajando y el poder adquisitivo recuperándose, con una consecuente baja de la pobreza. Mientras, atender la demanda social seguirá costando caro. Es la inflación Stanley.
