El Club Político Argentino decidió salir con los tapones de punta contra el Gobierno nacional. Y lo hizo en medio de furiosas internas entre sus miembros, que incluyen chicanas e insultos por la estrategia a tomar frente al accionar del PJ. Según pudo saber PERFIL, tras la publicación del artículo, la interna siguió creciendo y se esperan mayores repercusiones. En este contexto, el CPA presidido por Graciela Fernández Meijide lanzó duras críticas contra la gestión de Alberto Fernández.
"Nuestro país enfrenta la pandemia de coronavirus en precarias condiciones: Si antes de la pandemia, más del 30% de la población vivía en la pobreza, el covid-19 y la cuarentena están llevando a porcentajes de la población sustancialmente mayores a situaciones de emergencia. Si antes de la pandemia nuestro sistema productivo estaba comprometido por una extensa recesión y por diez años de estancamiento, la situación actual empeora el funcionamiento de nuestras empresas productivas y condiciona su capacidad para sostener el empleo y pagar los impuestos que -en definitiva- sostienen el aparato del Estado", señalaron.
El CPA apuntó hacia las últimas decisiones que tomó el Poder Ejecutivo y pidió que "no comprometamos esa confianza". El comunicado, que según pudo saber este medio no fue aprobado de manera unánime, criticó que "si un ministerio de la Nación compra cantidades de alimentos para los más necesitados a precios superiores a los que la población accede en los comercios minoristas, se lesiona la confianza". Se refirieron así al escándalo del ministerio de Desarrollo Social, liderado por Daniel Arroyo.
También apuntaron contra el elogio de Fernández hacia el sindicalista Hugo Moyano: "El Presidente de la Nación puede estar convencido de que un dirigente gremial es "ejemplar", pero no puede desconocer que buena parte de la población tiene fundadas sospechas sobre ese mismo dirigente que -además- está siendo investigado por el Poder Judicial. Se lesiona la confianza".
Explotó la guerra en el Club Político Argentino: chicanas e insultos entre sus miembros
Las críticas no se detuvieron. Luego apuntaron hacia el conflicto que tuvo el empresario Alfredo Coto en La Matanza: "Cuando un empresario de una cadena argentina de supermercados manifiesta públicamente que las autoridades municipales lo someten a una arbitraria campaña de persecución, esas autoridades deben de inmediato aclarar esa situación, de otra forma se lesiona la confianza en esas autoridades y, adicionalmente, la de muchos otros dirigentes municipales que están trabajando con honestidad y sacrificio al servicio de los ciudadanos".
Sin detenerse en los cuestionamientos, marcaron con detenimiento la polémica por los trámites a distancia y la decisión de que los expedientes vuelvan al papel en ciertos casos: "La informatización del Estado Nacional es un logro argentino, ningún país de América Latina alcanzó esa eficiencia en el funcionamiento del Estado con expedientes electrónicos. Este sistema transparenta al Estado porque permite a cualquier ciudadano consultar o indagar las acciones de los funcionarios. En varios años de funcionamiento se fueron corrigiendo con eficiencia y velocidad las escasas fallas del sistema. Abrir la posibilidad de volver a los expedientes en papel lesiona la confianza en el accionar del Estado".
Por otra parte, insistieron en la necesidad de que el Congreso trabaje a pesar de la pandemia: "Los argentinos elegimos representantes al Congreso Nacional, si en países en guerra los parlamentos pudieron cumplir con su misión, la pandemia no puede ser un obstáculo para el funcionamiento de nuestro Congreso. Hay procedimientos electrónicos como para que sesionen y -si es ineludible la presencia física- se pueden implementar protocolos sanitarios para no poner en peligro la salud de nuestros representantes. Legislar por DNU expone a la institución presidencial a errores y falta de consensos frente a un desafío que es de todo el país: por eso lesiona la confianza en nuestras instituciones".
Por último, el CPA no dejó de alertarse por el beneficio que le otorgó la Justicia al exvicepresidente Amado Boudou: "El Poder Judicial es central en la institucionalidad republicana, como el Congreso, debe seguir funcionando. Sin embargo buena parte de la actividad judicial está paralizada. Pese a eso, algunos jueces siguieron favoreciendo a condenados detenidos por causas de corrupción, en este caso al ex vicepresidente Amado Boudou . Se lesiona la confianza en el Poder Judicial. En este tiempo de emergencia apelamos a nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes a que protejan ese activo de la Nación: la confianza en las instituciones de la República".
RI/MC
