El bloque de senadores de Juntos por el Cambio le envió una carta a la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, para exigirle que deje “sin efecto” la convocatoria a una audiencia pública el viernes 4 de septiembre en la que se van a revisar los traslados de 10 jueces que se concretaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Allí, se destacan los de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes ya presentaron un per saltum ante la Corte Suprema para que frene los movimientos.
El pedido se basa en cuatro argumentos, tres son de forma y uno de fondo. Los tres primeros se refieren a que no está aprobado en el reglamento el sistema telemático para audiencias públicas, que no se cumplen los plazos de convocatoria y que colapsó un mail donde se pueden enviar impugnaciones. Sin embargo, en el fondo de la cuestión, el principal bloque opositor insiste con que no es una atribución del Congreso analizar los traslados, ya que están firmes y solo los podría dar marcha atrás una decisión judicial.
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“Los pliegos consisten todos en jueces federales que han sido trasladados por un Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento del traslado. Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, sostienen en la carta firmada por el radical Luis Naidenoff y el macrista Humberto Schiavoni. Y aseguran que la Cámara alta no puede tratarlos “años después de que estos jueces se encuentran cumpliendo funciones en sus respectivas jurisdicciones y sin que alguien hubiera objetado los mismos en el plazo y la forma pertinente”.
El Frente de Todos viene argumentando que los traslados no cumplieron con los requisitos previstos por ley, entre ellos, por ejemplo, la aprobación del Senado. Argumentan que fueron designados para otro tribunal, por lo que su movida debería ser avalada por el Poder Legislativo. Según retrucan los involucrados y desde JxC, ese accionar fue avalado por una acordada de la Corte Suprema.
Aparte de Bruglia y Bertuzzi, también están apuntados Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Castelli, integrante del tribunal oral que deberá realizar el juicio del caso Cuadernos, es el otro magistrado que se presentó en la justicia para evitar que se revoque su traslado.
“Estos traslados constituyen actos jurídicos firmes y consentidos y el único Poder del estado con competencia para declararlos nulos y retrotraer alguna situación, es el Poder Judicial”, añaden desde Juntos por el Cambio en la misiva. Y concluyen que de avanzar, el Senado estaría “vulnerando” la división de poderes, el procedimiento para designación de jueces y la garantía de inamovilidad.
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En paralelo, desde el bloque opositor cuestionan tres aspectos formales, pero que podrían ser la punta de lanza para una eventual impugnación judicial también. En primer lugar, aseguran que el protocolo que se incorporó al reglamento para las sesiones remotas no alcanza a las audiencias públicas, por lo que no está habilitado ese mecanismo. “Es improcedente y legalmente nula”, dicen, a la vez que explican que en las audiencias no solo están abiertas para senadores sino también para ciudadanos interesados.
En segundo lugar, Naidenoff y Schiavoni afirman que la audiencia debe ser convocada con quince días de antelación, que se cumplirían recién el viernes 4 a las 24 horas, por lo que si la audiencia arranca a las 10.30 estaría arrancando fuera de plazo.
Y por último, también agregan que recibieron reclamos de “ciudadanos que no han podido hacer llegar sus observaciones en el plazo que está corriendo” porque la casilla de correo habilitada ([email protected]) está saturada y los mails vuelven rebotados. Y concluyen: “Es un procedimiento que ha dejado en evidencia la falta de seguridad, transparencia, y confianza que la relevancia institucional del proceso de acuerdo a los jueces federales requiere”.
