En el lapso de un año, el manejo de las pinchaduras telefónicas pasó por tres poderes del Estado. De la SIDE a la Procuración General y de ahí, a partir del lunes próximo y tras un decreto de Mauricio Macri, al Poder Judicial. La primera reforma se dio en medio de la pelea entre el cristinismo y la conducción de la ex SIDE, por supuesta deslealtad de los espías. La segunda y última fue una estrategia macrista para desgastar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y, a la pasada, congraciarse con la familia judicial.
Los voceros del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirman que la transición será gradual y controlada, pero desde la Procuración (bastión afín al kirchnerismo) aseguran que el traspaso se dio a las apuradas y que los jueces todavía no están listos para hacerse cargo del sistema de escuchas. Lo cierto es que todavía hay varios detalles por definir.
Según el decreto que firmó Macri a fines de 2015, el nuevo organismo “estará a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones un año”. La Corte Suprema se limitaría a una especie de auditoría.
Si bien todavía no está confirmado, la Corte pondría al presidente de la Cámara Federal en lo Criminal Correccional, Martín Irurzun, al frente de esta verdadera papa caliente. Autor de fallos de impacto político, Irurzun fue uno de los pocos jueces de Comodoro Py que respaldó por escrito a Carlos Rosenkrantz, candidato de Macri para cubrir las vacantes de la Corte. En el Máximo Tribunal, sin embargo, afirman que la designación de Irurzun todavía no está cerrada.
El gesto de pasar las escuchas a la órbita judicial generó una minifricción con Lorenzetti. Al día siguiente de que Macri ordenara el traspaso por DNU, una acordada de los tres miembros de la Corte (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) explicó que “no es posible llevar adelante de inmediato (la) misión” y pateó el pase hasta el 15 de febrero.
Desde aquella acordada, los representantes de Lorenzetti (un equipo de cinco personas) visitaron dos veces el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño y dependiente de la Procuración. Ahí, unas ochenta personas se dedican a grabar conversaciones ordenadas por jueces, en causas de narcotráfico, trata de personas y secuestros.
Salvo unos diez empleados provenientes de la Agencia Federal de Inteligencia, la mayoría del personal de la Dicom depende de la Procuración. Y si bien Gils Carbó avisó que esos empleados podrían quedarse por unos días, su objetivo es tenerlos en su equipo.
El mundo de los servicios de inteligencia, con sus operaciones, negocios con pinchaduras y ramificaciones en la política y la Justicia, quedó en evidencia hace poco más de un año. Desde pasado mañana, una reforma impulsada por el macrismo y protagonizada por la Corte intentará poner orden en ese hormiguero.
