La Justicia logró acceder al contenido del teléfono del diputado Gerardo Milman en el marco de la causa que investiga el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. La extracción de datos se realizó en la sede de Gendarmería y se extendió por más de quince horas, bajo supervisión directa de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Del análisis surgió que el dispositivo contenía más de 35.000 mensajes de WhatsApp, junto a cientos de correos y archivos, aunque la mayoría estaban encriptados o no guardaban relación con la investigación. El procedimiento finalizó a las 0:53 de este jueves y quedó documentado en un acta firmada por los peritos, la jueza y su secretario.
El teléfono había sido secuestrado a fines de 2023 por orden de la Cámara Federal, pero recién pudo abrirse luego de que Milman decidiera, a fines de mayo, aportar voluntariamente la clave de acceso durante una declaración espontánea. En esa oportunidad, justificó su demora señalando que el dispositivo contenía material sensible por su rol como exsecretario de Inteligencia criminal.
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A raíz de esa declaración, Capuchetti dispuso que la pericia se limitara al período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023, abarcando desde dos meses antes del atentado hasta el cierre de la etapa de investigación inicial.
Mensajes encriptados, datos borrados y poca información útil
El informe oficial detalla que se extrajeron 35.177 mensajes de WhatsApp, 104 de Telegram y Signal, y 659 correos electrónicos. Sin embargo, buena parte del contenido estaba cifrado, dañado o no resultaba relevante para el expediente. También se detectaron 596 imágenes eliminadas y no recuperables.
Uno de los pocos intercambios destacados corresponde a un mensaje de enero de 2023 enviado por Erica Menéndez, exsecretaria de Milman, en el que reclamaba apoyo económico y advertía con revelar información comprometedora en los medios.
El informe también menciona una serie de mensajes fechados entre el 29 y 30 de marzo de 2023, en los que Milman expresa su malestar por la presión para entregar el dispositivo. En uno de ellos se lee: "Me comí que un diputado hablara diciendo que tengo que entregar el teléfono con la fantasía que van a encontrar algo vinculado al atentado".
Pese a estos elementos, los peritos concluyeron que no se halló información significativa asociada directamente al hecho investigado. Las búsquedas por palabra clave —que incluyeron términos como “Cristina”, “atentado”, “arma”, “magnicidio”, “copitos” y “Sabag Montiel”— no arrojaron coincidencias relevantes.
El testimonio de Abello y su impacto en la causa
Milman fue vinculado a la causa a partir del testimonio de Jorge Abello, asesor legislativo, quien declaró haberlo escuchado decir, el 30 de agosto de 2022 en un bar céntrico, la frase: "Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa". Al día siguiente, el diputado viajó a Pinamar, aunque regresó a Buenos Aires el mismo 1 de septiembre, día del atentado.
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Con el tiempo, el relato de Abello comenzó a ser cuestionado. La Justicia allanó su vivienda y analizó su celular, pero no logró recuperar el mensaje que dijo haber enviado al diputado Marcos Cleri. Actualmente enfrenta una acusación por presunto falso testimonio.
Información clasificada y vínculos sensibles
Durante su declaración, Milman insistió en que el contenido de su teléfono era confidencial. Aseguró que incluía direcciones de narcotraficantes, contactos con agencias internacionales y material personal de familiares menores de edad. Según el informe técnico, se identificaron 633.299 eventos entre mensajes, llamadas, imágenes, audios, archivos eliminados y correos.
Los investigadores señalaron que no encontraron evidencia que respalde la hipótesis de una autoría intelectual. La causa sigue abierta, aunque sin avances determinantes en esa línea.
El teléfono de Sabag Montiel sigue sin abrirse
En paralelo, la Justicia continúa sin poder desbloquear el celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado del intento de asesinato. En marzo se realizó una pericia con seis equipos técnicos, incluyendo representantes de la defensa, la querella, la DATIP y la Gendarmería, sin resultados.
En mayo, Capuchetti solicitó colaboración al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security), pero no obtuvo respuesta positiva. Hasta el momento, el dispositivo sigue inaccesible y representa uno de los principales obstáculos para reconstruir lo ocurrido en torno al ataque.
DCQ/ML
