Un año atrás, cuando asumió la presidencia, Alberto Fernández apuntaba en su discurso inaugural a la justicia federal. “Sin justicia independiente no hay democracia", aseguraba y agregaba: "en los próximos días voy a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia”. El envío recién se concretó más de siete meses después. En el medio habría nuevas alusiones al tema, varios amagos de envío, el país entraría en pausa por la pandemia y también se sumaría el primer quiebre del oficialismo con el Poder Judicial.
Eso fue en febrero, cuando se comenzó a debatir la reforma previsional de jueces y fiscales, que se terminaría sancionando en marzo, poco antes de que el país entrara en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Pero esa ruptura no sería la única. A mediados de año se sumarían, finalmente, el envío de la reforma al Congreso así como la creación de un Consejo Consultivo para introducir recomendaciones de modificaciones en el universo judicial. Todo en medio de críticas de parte de la justicia, la oposición y una parte de la sociedad a las propuestas en sí mismas así como por el tratamiento express que buscó imprimírsele desde el primer momento.
A eso se agregarían la discusión por la Procuración, las discusiones por los traslados de jueces y las críticas a la Corte, que en las últimas horas disparó Cristina Kirchner y hoy avaló el presidente Fernández. Marchas, retrocesos y falta de consensos marcaron un camino sinuoso que atraviesa momentos tumultuosos.
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En febrero, el oficialismo planteó el debate por la ley de jubilaciones de jueces y fiscales, que despertó el primer quiebre con ellos. En tribunales explicaban que desde diciembre y hasta el anuncio del tratamiento del tema habían tenido charlas por posibles cambios con varios representantes del oficialismo, entre ellos la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo. Los funcionarios judiciales afirmaban haber mostrado predisposición para hablar de las modificaciones, en busca de consenso, pero que se sorprendieron con el anuncio del debate, por los titulares en los medios.
Con un tratamiento express, el tema fue sancionado a comienzos de marzo. "Tuvimos acceso a la discusión del proyecto y fuimos convocados a la reunión de comisión (en Diputados) pero fue un trámite: no nos escucharon", explicaba por esos días el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle. "Mientras nos escuchaban, circulaba a la firma el dictamen de mayoría, con lo cual escuchar nuestra propuesta fue un trámite meramente formal", agregaba.
En medio de la discusión varios magistrados renunciaron a sus cargos en pos de conservar sus jubilaciones ya otorgadas, mientras que en paralelo ya se insistía en que el proyecto de reforma de la ley terminaría judicializándose.
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Pocos días después llegaría el dictado del ASPO y el Poder Judicial entraría en una feria extraordinaria, que se extendió varios meses. Tras reiterados anuncios que se repitieron entre mayo y junio -además de en marzo, en el discurso ante la asamblea legislativa, antes de la llegada del coronavirus a la Argentina- Fernández volvió sobre el anuncio del proyecto de ley de reforma del poder judicial. Este recién se concretaría a finales de julio, en medio de una ola de críticas.
Estas fueron no sólo por el proyecto en sí mismo sino también por el momento elegido para plantearlo: en medio de la emergencia sanitaria, social y económica que atravesaba el país por el impacto de la pandemia. En paralelo, en el Consejo de la Magistratura comenzaron a reverse los traslados de jueces, entre ellos los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes integran la Cámara Federal de Apelaciones, y desde esos lugares habían intervenido en el caso de los cuadernos de las coimas, que involucra a CFK. El planteo de los magistrados llegaría a la Corte, que los dejó en sus cargos hasta que las vacantes se cubran por concurso, una decisión que disgustó al oficialismo y sumó tensión a la relación con el máximo tribunal.
El proyecto de ley de reforma judicial, que tuvo como eje principal en el fuero federal, que apuntaba directamente a licuar el poder los magistrados de Comodoro Py, donde tramitan las causas de corrupción que complican a los políticos, obtuvo media sanción en Senado, pero aún no fue tratada en Diputados, donde nada sucedería con el tema en el corto plazo.
Junto con el anuncio del envío del proyecto de Reforma se anunció la conformación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Conformado por 11 expertos, el grupo recibió el mote mediático de “Comisión Beraldi”, en referencia a Carlos Beraldi, el penalista que defiende a CFK en sus causa judiciales, y que fue uno de los integrantes del equipo que trabajó durante tres meses y abordó los mecanismos y funcionamientos de la Corte, Procuración, Consejo, Juicios por jurado y Ministerio Público de la Defensa.
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El dictamen técnico con recomendaciones y propuestas a presidencia se concluyó el 18 de noviembre pasado -y formalmente será entregado hoy- tiene alrededor de 800 páginas con distintas consideraciones. Habrá puntos en los que hubo acuerdos mayoritarios y otros en los que los distintos miembros no llegaron a posiciones unánimes. Lo propuesto no será vinculante, pero sí considerado y evaluado por el Jefe de Estado. Entre los puntos hay algunos sobre la duración, designación y posible remoción del Procurador General de la Nación, la creación de un Tribunal Superior que actúe como una suerte de filtro de lo que llega a la Corte Suprema, así como modificiaciones en el Consejo de la Magistratura.
La Procuración es precisamente uno de los puntos que más demandan atención política y judicial en las últimas semanas, en medio de la avanzada del oficialismo para introducir cambios en la ley orgánica. Todo en medio de las críticas de la oposición, de la justicia y del propio Daniel Rafecas, candidato del presidente al cargo. En el tema está el sello de CFK. La vicepresidenta también puso su cuota ayer en el tema judicial al apuntar con dureza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una carta que publicó a modo de resumen del primer año de gestión y sobre los que hoy se expidió el primer mandatario. “Creo que lo que dijo ayer Cristina es un llamado de atención para todos. La Justicia no está funcionando bien en la Argentina", aseguró. El camino a veces es circular.
