En un plenario de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales, el Frente de Todos logró sacar este jueves dictamen de mayoría del proyecto que establece criterios epidemiológicos para el manejo de la pandemia, que desde la oposición denominan como "superpoderes" porque implica la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo.
El dictamen del oficialismo logró 36 firmas a favor más un acompañamiento de Eduardo "Bali" Bucca en disidencia parcial, mientras que Juntos por el Cambio logró 32 firmas propias más una adhesión de la tucumana Beatriz Ávila y una tercera opción que registró el voto de la referente de Consenso Federal Graciela Camaño.
Si bien el tema logró dictamen no se encuentra incluido en el temario de la sesión convocada para esta tarde ya que el oficialismo debe lograr el respaldo de tres cuartas partes de los presentes para ampliar la lista de temas, un número que no puede reunir por sí mismo.
Esto significa además que el Poder Ejecutivo mañana deberá volver a dictar un DNU para definir cómo continúan las restricciones, ya que el texto no tiene posibilidades de ser aprobado.
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Ley de "superpoderes"
La normativa enviada por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca delegar facultades en el Poder Ejecutivo y ponerse un escalón por encima de las decisiones que pretendan tomar los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.
Precisamente, el origen de este texto fue el conflicto del gobierno nacional con Horacio Rodríguez Larreta por la suspensión de las clases presenciales que derivó en un reclamo ante la Corte Suprema que avaló la postura de la Ciudad.
Con esta ley, el oficialismo pretende imponer condiciones para aquellas zonas que se registren altos contagios o que pertenezcan al grupo de alarma epidemiológica, y unificar una estrategia nacional, más allá de las decisiones de los gobernadores que podrán ser consultados aunque la última palabra será del presidente Alberto Fernández.
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Por el Frente de Todos, el diputado Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud, fue el encargado de defender el texto enviado por el Poder Ejecutivo y remarcó que "a mi manera de ver, este proyecto de ley nos va a dar una ley clara que no delega súper poderes a nadie, sino que pone en la decisión de cada uno de los gobernadores e intendentes la responsabilidad sobre la vida y la salud de los Argentinos".
Como contrapartida, el radical Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que "el proyecto que ustedes consideran sensible involucra derechos esenciales, principalmente el derecho a la educación y el artículo 21 manda a suspender clases y priva de educación a los niños y adolescentes de este país. Padres Organizados pidió participar y no fue considerada y sí lo hizo la Corte" Suprema.
"Más que una delegación, es un cheque en blanco al Ejecutivo", sostuvo Menna.
En el inicio del debate, la diputada del PRO Silvia Lospennato leyó una carta de la agrupación Padres Organizados para hacer llegar su postura a favor del regreso de las clases presenciales en aquellos distritos donde se encuentran suspendidas hace semanas. La excusa fue que la organización ya había sido convocada al Senado por lo que se consideró que no era necesario volver a plantear su postura.
La supuesta inconstitucionalidad que esgrime la oposición fue fundada por Menna quien expresó que se trata de "es una ley delegativa que en el artículo 4 que otorga un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para habilitarlo a adoptar lo que se le ocurra, sin bases concretas ni temporalidad, avanza sobre la intimidad de las personas, establece la juridización y penalización de la vida privada", cuestionó.
💬| @GracielaCamano: "Esta ley no sería una ley dictada en consecuencia de la Constitución, sería en algún aspecto una ley contraria a la Constitución".
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) June 10, 2021
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De acuerdo a la lectura de Juntos por el Cambio, la aprobación de la normativa llevaría a una nueva batalla judicial tal como sucedió con el conflicto de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, la diputada de la UCR Córdoba Brenda Austin advirtió que "ustedes buscan que deleguemos nuestros derechos en manos de una sola persona y eso es avasallar la República. Esta es una norma arbitraria de superpoderes cuyo único objetivo es provocar el cierre de escuelas sin contar todos los aportes de evidencia científica".
Como respuesta, la entrerriana del Frente de Todos Ana Carolina Gaillard retrucó "la verdad que hoy la población argentina necesita que los cuidemos, no necesita que estemos preocupados por el republicanismo. ¿Dónde queda el republicanismo si la gente se está muriendo?", dijo en una polémica lectura sobre el respeto institucional.
