¿Quién fue el que ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que habían comenzado el 1º de enero y debían finalizar más allá del 20?” Cristina Fernández de Kirchner dejó esa pregunta flotando en un texto publicado en su cuenta de Facebook, el 19 de enero. No habían pasado 24 horas del hallazgo del cuerpo del ex titular de la UFI-AMIA, pero la Presidenta dejó claro que poseía información precisa sobre los movimientos del fiscal.
Luego, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman y madre de sus hijas, confirmó esos datos al declarar ante la fiscal Viviana Fein.
Si bien ese día, CFK se permitía dudar del “¿suicidio?”, días más tarde, el 22 de enero, se animó a más: en su blog escribió, “estoy convencida que no fue un suicidio” y hasta aventuró un móvil: “Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”, aseguró. Relacionó el caso con la salida de su jefe de Inteligencia, Jaime “Stiusso” (sic) y apuntó contra Diego Lagomarsino. El 26 de enero, esta vez en cadena nacional, CFK afirmó que el “experto en informática” “tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida” y que “concurría, según hemos podido saber, asiduamente a su departamento”. La Presidenta sabía más sobre ese vínculo que la propia Arroyo Salgado.
Por todas estas expresiones públicas, los abogados que Arroyo Salgado contrató para representar a sus hijas creen que el testimonio de Cristina Kirchner en la causa puede ser útil para esclarecer la muerte del fiscal y quieren que sea citada en la causa. “A Cristina deberían llamarla a declarar. Próximamente va a dejar los fueros y el primer juzgado que tiene que pisar es éste. O cuanto menos, declarar como testigo por escrito ahora que es Presidenta,” dijo el abogado Manuel Romero Victorica a PERFIL, acompañado por su socio Federico Casal (ver página 4).
¿Por qué Fernández sabía todos estos detalles? ¿Quién le proporcionó información? ¿Sabe algo más? ¿Puede aportar información valiosa a la investigación? Todas estas preguntas podría responder en la causa, “pero nadie la convoca”, se quejan los penalistas contratados por la jueza Arroyo Salgado.
Tiempos judiciales. Los abogados no hicieron todavía una presentación formal, pero barajan la idea de pedir la citación más adelante. Por ahora, la falta se puede enmarcar como parte de las falencias u omisiones que existen en la investigación de la fiscal Viviana Fein, que volverá a su despacho de la calle Tucumán este lunes, después de tomarse nueve días de licencia por duelo.
Desde el inicio, la jueza federal de San Isidro definió la muerte de Nisman como “un magnicidio de gravedad institucional”, antes de descubrir las cuentas ocultas que su ex pareja compartía con Lagomarsino, otra pista que podría configurar un posible móvil según la línea del homicidio.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que Fein podría entregar su dictamen en la primera o segunda semana de noviembre, es decir, después de las elecciones presidenciales, algo que la querella no ve con buenos ojos. “Politizarla es el peor enemigo de la investigación”, sugiere Casal y aclara: “Los integrantes de este estudio no estamos a favor ni en contra de ningún candidato y nos manejamos únicamente con los tiempos judiciales, no con la agenda de la política”, agregó Romero Victorica.
Para Casal, en el caso Nisman “la República está en crisis y en peligro porque hay una clara intromisión del Poder Ejecutivo en una investigación judicial, algo que está expresamente prohibido en la Constitución Nacional”.
Los abogados Casal, Romero Victorica y Juan Pablo Vigliero no quieren que el expediente pase por alto el contexto de la muerte. En la mesa donde trabajaba el ex titular de la UFI-AMIA a horas de presentarse al Congreso, entre otros papeles los querellantes destacaron el hallazgo de un escrito titulado ‘Las mentiras de CFK’ en el que Alberto Nisman enumeró las presuntas falacias, a su entender, que la Presidenta habría declarado públicamente sobre la denuncia de encubrimiento en su contra y contra el canciller Héctor Timerman.
