Uno podría decir que para eso lo votó la mayor parte de los ciudadanos de la Capital Federal. Sin embargo, la reforma en el Código Contravencional que hoy presentó el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ya desató una de las mayores polémicas en la Ciudad. Punto por punto. Según pudo conocer Perfil.com de fuentes oficiales, el Gobierno porteño planea prohibir la actividad de los "trapitos" y "limpiavidrios". Se propone pena de arresto (1 a 5 días) o multa (200 a 2000$). Además se prohibe usar palos y cubrirse el rostro en manifestaciones. Para los que violen esta norma se estima un arresto de 10 hasta 40 días.
Juicios Express para casos flagrantes. Si se detecta contravención flagrante, y un fiscal confirma la aprehensión del contraventor, el juez debe recibirle declaración y dictar sentencia en plazo máximo de 48 hs.
Además, se prevé expresamente el uso de la pistola Taser X26 por parte de personal policial sólo en caso de legitima defensa propia o de terceros, o situaciones de peligro grave e inminente para la vida de las personas protegidas. Y se plantea un registro de ADN para violadores y otros delitos.
Polémica. Diego Kravetz habló con este portal y consideró que "es un retroceso volver a mezclar los temas de inseguridad con los de protesta social". Según el legislador, "Macri debe dedicarse a tener una policía que nos proteja de los delincuentes y no que ataque las protestas".
Desde el PRO, Cristia Ritondo señaló que "hay que ponerle límites a trapitos porque termina siendo extorsivo. Y es habitual ver robo de limpiavidrios todos los días en 9 de Julio". Por su parte, Enzo Luis Pagani estimó que "de ninguna manera se criminaliza la protesta social. Somos defensores de derecho de manifestación y reclamar en defensa de cualquier derecho. Eso no implica ir ocultando su rostro. Una cosa es la protesta social y otra es los que se aprovechan de esto".
Desde Proyecto Sur, Fabio Basteiro entendió que detrás de esta presentación "hay una lógica del funcionamiento del Poder Ejecutivo. Todo lo que tenga mayor nivel de vulnerabilidad social es atacado para de forma demagógica plantear a la seguridad como algo relacionado. Ya lo vivimos con la UCEP. Usan el código contravencional como forma de control social a movimientos sociales".
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