Tras ser condenado a seis meses de prisión en suspenso por abuso de autoridad en el proceso de adecuación a la ley de medios del grupo Clarín, el actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, aseguró que la sentencia es "un acuerdo entre (el fallecido juez Claudio) Bonadio y (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto".
"Es un verdadero disparate. Solamente se explica en el marco del Lawfare, de la persecución política. Un acuerdo entre Bonadio y Magnetto", planteó el funcionario, al que también le recayó un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque el fallo aún no está firme.
En diálogo con El Destape Radio, el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) y exintendente de Morón aseveró: "Clarín hace la denuncia para dilatar el cumplimiento de la ley. Luego (el ex presidente Mauricio) Macri saca los aspectos monopólicos, pero continuaron con la denuncia para intentar disciplinar". Por último, explicó: "Hay un sector de la Justicia que no actúa ajustada al derecho, sino que tiene que ver con poderes políticos y económicos que la condicionan".
La sentencia judicial significa la primera condena contra un funcionario de este gobierno que lleva adelante Alberto Fernández. El fallo fue impuesto por el juez federal Ariel Lijo, luego de dar pie a las últimas palabras de los acusados.
"Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegomónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte el poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se busco una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley", se quejó Sabbatella.
El único condenado fue Sabbatella, ya que el magistrado absolvió a Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo, todos ex funcionarios del disuelto organismo regulador de las comunicaciones audiovisuales.
Días atrás, en los alegatos, el querellante Grupo Clarín había pedido la pena de dos años de prisión para el ex titular de la AFSCA, en tanto que por su parte el fiscal Eduardo Taiano reclamó la pena de un año.
La denuncia del Grupo Clarín apuntaba a irregularidades en el proceso de adecuación forzosa de dicha empresa a la ley de medios, luego que aquella presentara un plan ante el organismo que conducía Sabbatella.
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