Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron una acción de amparo y una medida cautelar para que la Justicia suspenda los efectos del DNU 941/2025, a través del cual el Gobierno modificó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “El decreto es inconstitucional”, aseguró la diptuada a PERFIL.
Frade cuestionó el decreto tanto en las formas como en el contenido. “Se publicó a la medianoche. Un tema de estas características debe debatirse muchísimo y se debe escuchar la voz de los expertos. Hasta la gente más avezada en temas de inteligencia se agarra la cabeza con este DNU. No había ninguna razón para que la modificación se hiciera de esta forma porque se podrían haber prorrogado las sesiones extraordinarias”, aseguró la diputada.
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Consultada por los puntos del DNU que más preocupación le generan, Frade señaló la posibilidad de que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas, la subordinación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la unificación de bases de datos. Sin embargo, aclaró: “Más allá de las cuestiones puntuales, hay una preocupación genérica porque el Gobierno le da el mismo tratamiento a los temas de seguridad interior que a los temas de inteligencia estratégica cuando son asuntos que deberían estar bien diferenciados”.
La causa fue sorteada y recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de Rita Alián, quien deberá resolver tanto la acción de amparo como la cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto. En el escrito presentado, los diputados le solicitaron a la magistrada que declare al decreto "nulo de nulidad absoluta".
“El DNU es un horror. Toda la oposición expresó en público su preocupación, pero me parece que esas expresiones deben tener un correlato en acciones con todas las herramientas que nos dan la democracia y las instituciones. Nosotros pedimos primero la integración de la Comisión Bicameral y luego fuimos a la Justicia”, contó Frade.
Los argumentos contra el DNU 941/2025
Más allá de sostener que el Congreso se encontraba en condición de legislar y que no hay motivo que justifique un decreto de necesidad y urgencia, Frade, Ferraro y Paulón sostuvieron en el escrito que el Ejecutivo avanzó en una violación de la división poderes. “Estamos frente a una abierta invasión a las facultades del Poder Legislativo, conforme lo prevé el art. 75 de la Constitución Nacional”, argumentaron.
Además, cuestionaron la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia es materia de la legislación penal y procesal y señalaron que su regulación a través de decretos está prohibida. En la presentación sostuvieron que este punto “tensiona directamente las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional”, es decir, al principio del debido proceso.
Los diputados también cuestionaron que se haya avanzado en una fusión indebida entre inteligencia estratégica y seguridad interior. Por un lado, sostuvieron que la formación de los profesionales en cada terreno no puede ser asimilada. Y, por el otro, señalaron que de esta forma se “politiza” la inteligencia.
“El decreto introduce una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo; conduciendo así a la pérdida de independencia y objetividad que debería conducir la inteligencia estratégica. Va de suyo que un ‘analista’ estará sujeto a la presión cotidiana en la generación de reportes que satisfagan básicamente los intereses del gobierno de turno, convirtiendo al organismo de inteligencia en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de ‘seguridad estratégica’”, subrayaron.
La idea de que todo lo concerniente a la inteligencia suceda bajo una única estructura que tiene capacidad de aprehender ciudadanos también generó preocupación con respecto a la privacidad y los datos personales. En la presentación, plantearon la importancia de lo que se conoce como “Muros de fuego” entre la inteligencia y la ejecución policial.
“Esto supone separación de las ‘bases de datos’, mandos diferenciados y, lo más importante, los agentes de inteligencia estratégica no deben tener poder de arresto. Ante un posible delito interno, lo comunica inmediatamente a la Justicia. El mayor peligro en subsumir todas estas estructuras bajo una única arquitectura tecnológica y operativa es que el Estado funcione a través de una anticipación total. O sea, si saben con quien un ciudadano se reunirá, cuál es su pensamiento y que investiga o a quién; el actuar del organismo abortará los conceptos de ‘disidencia’ o ‘protestas’”, describieron los diputados.
Los diputados advirtieron que el decreto, tal y como fue presentado, "es la antesala inmediata a la existencia de un 'Estado policial'".
Además, en el escrito judicial se cuestionó que la Unidad de Información Financiera (UIF) haya sido incluida dentro de lo que se ha denominado “Comunidad de Inteligencia Nacional”. “Esto es, un organismo de investigación financiera, pasa a depender de un organismo de investigación política. Subsumir un organismo concebido para mantener su autarquía y su mayor autonomía posible, bajo el sistema de inteligencia clásico, generará fricciones no sólo en el sistema interno, sino internacional”, advirtieron los diputados.
El DNU introdujo una regla según la cual todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto. “Esta disposición altera el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, transformando el secreto en regla y no en excepción”, cuestionaron Frade, Ferraro y Paulón.
En el Senado, el peronismo expresó su rechazo al DNU
El bloque justicialista del Senado emitió un comunicado en redes para repudiar la modificación del sistema de inteligencia a través de decreto. “Resulta de todo punto de vista una violación a las normas vigentes y de la Constitución Nacional”, aseguraron.
Al igual que los diputados que se presentaron en la Justicia, este grupo de senadores señaló que el Ejecutivo tuvo la oportunidad de discutir el tema en sesiones extraordinarias. “Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente (Javier) Milei por las instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas”, agregaron.
El comunicado calificó al decreto como una “aberración jurídica” y cuestionó sus puntos más sensibles: “El accionar de inteligencia pasa a ser formalmente ‘encubierto’, se refuerza el secreto y se limita la publicidad y la transparencia de las actividades”, señalaron.
Los senadores también pusieron la lupa en que el decreto “habilita a los agentes de la SIDE -todos encubiertos- a aprehender personas sin intervención judicial alguna” y que a partir de su dictado “los organismos de inteligencia podrán realizar tareas de espionaje ilegal, persecuciones políticas e ideológicas dentro del territorio nacional”.
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