“Acá hay varios que queremos embarazarte”, “Nada es gratis acá dentro”, “Yo quiero estar con vos. Por qué no querés estar conmigo”, “Esto de acá no sale”, “¿Me vas a denunciar? Vas a saber quién soy yo y quién sos vos”. Algunas de estas frases tuvieron que escuchar mujeres que trabajan en las fuerzas armadas o las de seguridad: un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) revela que el 96% de los abusadores ocupaban cargos jerárquicos medios o altos.
El documento, al que accedió PERFIL, señala que los agresores “intentaron naturalizar el acoso como prácticas habituales dentro de la institución”. Y que se “identificaron amenazas hacia las víctimas, aprovechando posiciones de poder”.
“Las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federal, históricamente estructuradas como espacios masculinizados, experimentaron en los últimos tiempos transformaciones normativas y organizacionales orientadas a incorporar la perspectiva de género y el ingreso de mujeres en sus estructuras funcionales”, afirma el informe de la UFEM aunque advierte que dentro de las fuerzas “la violencia de género y en particular la violencia sexual (...) opera como un continuum estructural donde el sistema jerárquico, masculinizado y de obediencia imperante dentro de estas instituciones reproduce patrones de conductas transversales a todas las fuerzas de seguridad”.
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Las mujeres en primer lugar fueron incorporadas en los cuerpos de apoyo; luego en los cuerpos de comando; y por último, en los espacios de mayor prestigio y jerarquía. En 2017, año que toma el informe para la estadística, la Fuerza Aérea era el arma que contaba con más mujeres: 26% contra el 74% de varones. Luego la Armada, con 25% de mujeres y 75% de varones y por último el Ejército, con 14% de mujeres y 86% de hombres.
En tanto, en agosto de 2021 había un 16% de mujeres en la Prefectura Naval Argentina; 19% en la Gendarmería Nacional Argentina; 30% en la Policía Federal Argentina y 38% en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Para elaborar el documento, la UFEM, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, analizó 23 expedientes judiciales iniciados entre el 2011 y el 2023 en 14 jurisdicciones: Bahía Blanca, Buenos Aires, Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Concepción del Uruguay, Concordia, Córdoba, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Posadas, San Martín, Tucumán y Mendoza.
En la amplia mayoría de los casos (74%) las mujeres realizaron una presentación interna en las áreas de la propia institución, además de la denuncia penal, que se hizo luego, con un tiempo promedio de aproximadamente cuatro meses entre ambas instancias.
En promedio, las mujeres denunciantes tenían 27 años, con un mínimo de 18 y un máximo de 39 años. El 54% pertenecía a las Fuerzas Armadas y el 46% restante se distribuye entre las Fuerzas Federales, donde la Policía Federal Argentina es la que encabeza las denuncias, con un 21%.
Consecuencias para las víctimas
De las 24 víctimas relevadas por la UFEM, 21 atravesaron algún tipo de modificación en sus condiciones laborales posteriores al hecho, ya sea después de la denuncia interna o penal. La mayoría (62%) tuvo licencia temporal, el 48% fue reubicada en otra área o sede y un 19% fue despedida, desvinculada o retirada obligatoriamente. Además, se identificó que para las denunciantes hubo cambio de funciones, separación del grupo de trabajo o desaprobación del ingreso a la institución. El 81% de estas modificaciones en las tareas laborales fueron propuestas por la institución, mientras que solo en el 14% fue la víctima quien la solicitó.
En uno de los casos, la víctima sufrió falsas denuncias anónimas por “mal desempeño”, por las que la institución le impuso medidas disciplinarias. En otros casos, se identificaron “intentos de la institución para que la denunciante se retracte”. En cinco casos, las víctimas se cruzaron con el agresor en el espacio laboral luego del hecho o la denuncia.
El documento de la UFEM indica que al momento de producirse o comenzar las agresiones sexuales denunciadas, los victimarios tenían en promedio 43 años, 16 años más que la edad media de las víctimas. El 96% de los agresores ocupaba cargos jerárquicos y de mandos medios al momento de iniciar o concretar las agresiones sexuales. Y al menos 5 de los 26 autores analizados tenían antecedentes de violencia de género, la mitad de ellos con denuncias internas previas por parte de otras mujeres.
Sin embargo, solo el 41% fue sancionado: entre estas sanciones se registraron seis arrestos, un pase a disponibilidad y una desvinculación. En tanto, el 36% recibió algún tipo de licencia laboral temporal, mientras que el 32% fue reubicado en otro puesto de trabajo.
Otro dato que revela el informe es la extensión del tiempo del abuso: el 60% de los hechos múltiples denunciados corresponden a prácticas de violencia sexual extendidas y recurrentes, sostenidas en el tiempo en periodos que van desde más de un año hasta un máximo de siete años de duración.
En relación con el tiempo transcurrido entre la comisión del primer o único hecho y su denuncia, los autores del informe indicaron que “suele ser prolongado”. Solo el 26% de los casos se denunció dentro de la primera semana. Por el contrario, el 52% de los hechos fueron denunciados entre 1 y 8 años luego de su ocurrencia.
El documento a cargo de la UFEM advierte que “debido a las particularidades de estos entornos de trabajo, una considerable cantidad de agresiones tuvieron lugar en habitaciones o camarotes donde las mujeres permanecen y/o pernoctan, mientras se encontraban en servicio”. Los hechos también ocurrieron en “vehículos utilizados para operativos o traslados hacia estos, lo que evidencia la mayor vulnerabilidad de las mujeres víctimas de estos hechos en los espacios de movilidad y residencia laboral”.
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