El ministro Garavano se lo trasmitió al abogado de la constructora brasileña. Comienzan a delinearse las pautas de un acuerdo complicado. La negociación estará a cargo de Gils Carbó y fiscales. La firma debe entregar pruebas.
El caso Odebrecht comienza a desnudar las dificultades y posibilidades de un acuerdo de colaboración judicial que no tiene precedentes en la Argentina. La constructora brasileña, investigada por el pago de US$ 35 millones en sobornos a funcionarios argentinos, comenzó a delinear las pautas de su negociación con la Justicia y el Gobierno. El ministro de Justicia, Germán Garavano, le transmitió al abogado de la constructora que su cartera ofrece ingresar a los ejecutivos arrepentidos en el Programa de Protección de Testigos e Imputados. Así lo confirmó el ministro a PERFIL. Es lo máximo que el ministerio puede aportar formalmente en el acuerdo con la empresa. La negociación, por ley, recae en la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y en los cuatro fiscales que llevan adelante investigaciones que involucran a Odebrecht. También participaría el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, uno de los titulares de la Procelac.
La empresa contrató a uno de los estudios jurídicos más importantes del país: M&M Bomchil y abogados, como reveló PERFIL el domingo. El abogado que encabeza la negociación es Guido Tawil.
El acuerdo gatea por una cornisa. Las leyes argentinas son distintas a las brasileñas y colisionan con un objetivo central de Odebrecht: evitar daños económicos en el país. De las primeras reuniones surgió que todos los actores coinciden en que la base del acuerdo será la nueva ley de arrepentido. El abogado de la firma ya planteó la necesidad de que el acuerdo de colaboración sea coordinado por un grupo de fiscales –como se hizo en Brasil–. No será fácil lograr que actores tan distintos entre sí trabajen en conjunto. Los fiscales que investigan a Odebrecht son Federico Delgado (Arribas y caso Aysa), Carlos Stornelli (en una investigación preliminar por los US$ 35 millones en sobornos), Franco Picardi (por las coimas a Ricardo Jaime por el soterramiento del Sarmiento) y Sergio Rodríguez (que investiga todo el capítulo argentino del Lava Jato).
Varios de los funcionarios que mantuvieron las reuniones con Tawil coinciden en que el acuerdo implica la necesidad de que la Corte Suprema se expida en una acordada que ordene a los jueces pautas generales sobre cómo proceder en este tipo de casos. Son los jueces quienes deberán homologar el acuerdo de los fiscales con la empresa.
Gils Carbó ya sondeó a la ONG Transparencia Internacional y sus socios argentinos de Poder Ciudadano para que se sumen al acuerdo como veedores de la sociedad civil. La ONG ya se reunió con Gils Carbó y ahora busca un encuentro con los ministros de la Corte.
El acuerdo implica también consecuencias económicas para Odebrecht. Si los ejecutivos reconocen el pago de coimas, el Estado deberá iniciar acciones civiles para intentar recuperar el dinero de sobreprecios en las obras. Así lo confirmaron fuentes oficiales a PERFIL. La ley no da otra chance. El responsable de iniciar esos juicios es el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín. Si la empresa acepta llegar a un acuerdo y pagar sumas millonarias, evitaría los juicios. De lo contrario, deberá afrontar años de disputa en los tribunales.
